El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de la demanda presentada por el Gobierno de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y estableció que el Ministerio Público y el Poder Judicial no tienen atribuciones para investigar a un mandatario en funciones.
Con esta decisión, los magistrados del tribuno cerraron la puerta a los procesos que la mandataria enfrenta por presuntos delitos cometidos durante su gestión, incluido el de las muertes registradas en las protestas sociales.
La sentencia interpreta que el artículo 117 de la Constitución peruana limita cualquier acción penal contra el presidente exclusivamente al Congreso de la República. Esta interpretación otorga un manto de inmunidad política y penal a Boluarte, blindándola de las investigaciones fiscales en curso y sentando un precedente que podría beneficiar a futuros jefes de Estado en situaciones similares.
El fallo representa un duro golpe a los esfuerzos del Ministerio Público por esclarecer los presuntos crímenes cometidos durante las protestas sociales de 2022 y 2023, así como a las investigaciones por enriquecimiento ilícito vinculadas al caso “Rolex”, y por abandono de funciones señaladas en el caso “Cirugías”.
La demanda competencial fue presentada por el Ejecutivo en 2024 tras la apertura de varias investigaciones contra la presidenta del Perú. El proceso ante el tribunal fue respaldado por el defensor del Pueblo, Josué Gutierrez, quien señaló que la Fiscalía vulneraba el orden constitucional al investigarla sin autorización del Parlamento.
Por su parte, el Poder Judicial sostuvo que no hay restricciones para investigar al presidente de la república por cualquier delito, ya que iniciar y realizar una investigación es diferente de presentar una acusación mientras el funcionario esté en el cargo.
