La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley conocido como “Paga tu pasaje”, que busca mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones a quienes evaden el pago en el transporte público.
La propuesta, originada en una moción del diputado Carlos Bianchi y complementada con un mensaje del Ejecutivo, se enmarca en el Plan Antievasión del Gobierno, cuyo objetivo es reducir la evasión en un 30% al final de la actual administración. Al primer semestre de 2025, esta ya había disminuido en un 9,3%.
Entre las innovaciones destaca la tarifa recargada, que obligará a los infractores a pagar un monto superior a la tarifa normal al momento de ser sorprendidos, evitando así quedar en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI). Este valor no será inferior a 20 veces la tarifa habitual y se definirá por los ministerios de Hacienda y Transportes.
También se presume evasión cuando una persona ingrese por las puertas traseras sin autorización o haga un uso indebido de beneficios tarifarios. En esos casos, los instrumentos serán requisados y destruidos.
La fiscalización podrá ser realizada por Carabineros, inspectores municipales y fiscales, además de personal de Metro, EFE y operadores de transporte. Para la identificación se permitirá el uso de biometría, y si el infractor se niega a entregar su domicilio, Carabineros podrá conducirlo a una unidad policial.
Las multas, que hasta ahora se tramitaban en los juzgados de policía local, pasarán a un sistema administrativo de la Subsecretaría de Transportes. Quien pague en un plazo de 20 días hábiles podrá acceder a un descuento del 50% del monto mínimo.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, defendió la iniciativa asegurando que se trata de “un problema social severo” que afecta a casi un millón de personas diariamente. Subrayó que la evasión es “un acto de incivilidad” que perjudica tanto a los pasajeros que pagan como al Estado que subsidia el sistema.
Durante la discusión parlamentaria, se plantearon reclamos por la falta de inversión en el transporte público de regiones y se pidió mejorar la seguridad de los conductores. Varios diputados cuestionaron que las medidas sobre protección de choferes solo se aplicarán en futuras licitaciones de buses.
Caer en el RPI tendrá nuevas consecuencias: además de las actuales (suspensión de TNE, licencias y retención de devolución de impuestos), se sumarán la restricción para acceder a espectáculos de fútbol profesional, la imposibilidad de renovar pasaporte y la limitación en la entrega de permisos de residencia. Además, la vigencia de estas medidas se extenderá de tres a cinco años.
