La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes la propuesta que buscaba aplicar multas a quienes no concurran a votar, en el marco del proyecto que modifica la Ley N° 18.700 de Votaciones Populares y Escrutinios.
La iniciativa, impulsada originalmente por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), contemplaba sanciones que iban entre 0,5 y 3 UTM (aprox. $34 mil a $206 mil) para quienes incumplieran con el deber de sufragar. Sin embargo, la norma no alcanzó el quórum requerido, quedándose con 75 votos a favor, cuando se necesitaban al menos 77. Con ello, también quedaron sin efecto las excepciones y mecanismos de excusa que acompañaban la propuesta.
En contraste, la Cámara sí aprobó artículos relacionados con los procedimientos del Servicio Electoral (Servel). Entre ellos, que la designación de vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores sea publicada en la web del organismo y notificada al domicilio digital único de cada elector, reemplazando el sistema de cartas certificadas.
La discusión estuvo marcada por visiones divididas. Quienes apoyaban la multa argumentaron que daba coherencia al voto obligatorio y fortalecía la democracia. En cambio, los detractores cuestionaron el monto propuesto, señalaron la falta de educación cívica y advirtieron sobre la influencia de más de 800 mil extranjeros habilitados para votar en Chile.
El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), criticó al oficialismo por no alinear sus votos y afirmó que ahora será el Senado el encargado de retomar la discusión. La diputada Camila Musante (Ind-PPD) sostuvo que, tras este rechazo, el voto obligatorio en la práctica queda como voluntario.
Por su parte, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, recalcó que el Ejecutivo mantiene su postura de establecer sanciones para quienes no voten y adelantó que insistirán en reponer la propuesta en el Senado.
Asimismo, anunció el ingreso de una reforma constitucional para elevar los requisitos de participación de extranjeros en elecciones presidenciales y parlamentarias.
Próximos pasos
La normativa aprobada será enviada al Ejecutivo para su promulgación. No obstante, al quedar fuera las sanciones por no sufragar, el voto obligatorio se mantiene sin multa, mientras el Gobierno buscará reabrir el debate en la Cámara Alta.
