El miércoles, el Gobierno de Estados Unidos decidió revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los venezolanos en 2021, lo que deja al borde de la deportación a un cuarto de millón de inmigrantes de ese país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que no extenderá la protección otorgada por el Gobierno del presidente Joe Biden a cerca de 250.000 venezolanos y que expira el próximo 10 de septiembre.
En un comunicado, la portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, Matthew Tragesser, explicó que se decidió no extender el amparo dado el “importante papel” de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el estatus de protección que otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiarios de la deportación.
“Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”, agregó.
Por su parte, Noem determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del beneficio y es necesario ponerle fin, porque extender el amparo está en contravía del interés nacional.
La decisión se da después que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el viernes pasado el fallo de un juez federal que concluyó que el fin del estatus de protección para cerca de 600.000 venezolanos es ilegal.
Además, la querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el beneficio otorgado por el expresidente Joe Biden durante 2021 que suman cerca de 250.000, así como los beneficiarios de la extensión de 2023, que contabilizan unas 350.000 personas.
