El Juzgado de Garantía rechazó decretar prisión preventiva para los imputados por corrupción pública en Arica y dejó con arraigo nacional y firma mensual a ocho de los diez acusados. Además, otros dos involucrados quedaron con arraigo regional.
Tras una audiencia que se extendió por cerca de 12 horas, el tribunal solo dio por acreditado los delitos de cohecho y de soborno, sin embargo, no dio por acreditado la asociación ilícita.
La Fiscalía Regional de Arica confirmó que evaluará apelar ante la Corte de Apelaciones para revocar la resolución del tribunal de alzada.
De hecho, la fiscal Paulina Brito indicó que “nosotros reunimos durante estos dos años todos los antecedentes y se expusieron hoy día. Estamos terminando a altas horas de la noche la audiencia no por no haber presentado antecedentes sino que por haberlos presentado con celeridad y entendemos que para nosotros los antecedentes que había en la carpeta investigativa eran suficientes para acreditarlo”.
La persecutora detalló que la jueza emitió la resolución respecto “a lo que digamos ella opina en respecto a eso pero nosotros veremos los recursos respectivos para impugnar la resolución que ella ha dictado el día de hoy”.
Detienen a funcionarios públicos y particulares por delitos de corrupción en Arica
El miércoles 3 de septiembre se concretó la detención de 10 acusados por delitos de corrupción pública en Arica. Los sujetos fueron capturados en un operativo que incluyó entradas y registros en varios domicilios y dependencias de servicio públicos para recolectar evidencia.
Cuatro involucrados son funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales y un quinto detenido es trabajador de la Dirección de Obras Municipales. Además, otros cinco imputados son particulares y tres de ellos son ex funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica.
Tras esta situación, la Seremi de Bienes Nacionales de Arica condenó “cualquier ilegalidad o delito de personas inescrupulosas que utilizan su rol de funcionarios públicos para obtener beneficios personales”. Además, la repartición inició un proceso disciplinario interno para determinar responsabilidades y sanciones contra los responsables.
