Este viernes, la Contraloría General de la República (CGR) reveló la existencia de 891 nuevos casos de funcionarios públicos de servicios con presencia en la región que viajaron al extranjero con licencia médica entre 2023 y 2024.
A nivel nacional, la entidad fiscalizadora detalló que 10.805 funcionarios públicos que se desempeñan en servicios con presencia regional salieron fuera del país durante su licencia médica o en parte de ella.
Según el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a FONASA y un 24% a ISAPRES.
Este reporte había sido comprometido por la Contralora General, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En él, se agrega que los titulares de esas 15.257 licencias, habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades.
Tras la presentación de este informe, la Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor, y remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles.
Además, la información, será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se ejerzan las acciones que correspondan.
Hospital regional de Iquique
Entre los servicios con mayor cantidad de licencias médicas eventualmente irregulares, destaca en Tarapacá el Hospital Regional de Iquique Dr. Ernesto Torres Galdames que suma 460 casos de funcionarios que habrían salido del país durante el respectivo reposo.
El grupo se suma a los más de 1.600 casos de uso irregular de este beneficio por parte de funcionarios públicos en la región dados a conocer por la entidad fiscalizadora en mayo pasado.
Desde el recinto de salud indicaron a Radio Paulina que, “hasta este momento, no hemos recibido la notificación por parte de la Contraloría. Sin embargo, tras la publicación del primer reporte emitido en mayo, de manera preventiva nos adelantamos e iniciamos una revisión de algunos casos de funcionarios en esta situación”.
“Esta medida derivó en sumarios administrativos, cuyos procesos se encuentran en etapa de resolución de sanciones. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de los funcionarios que estén en el listado de casos que esperamos recibir en esta oportunidad”, agregó.
