Una grave denuncia por maltrato laboral volvió a poner en el centro de la controversia a la Dirección Regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) en Tarapacá. Esta vez, la acusación proviene de María José Ramírez, actual encargada regional de Personas del servicio, quien acusa a la directora regional Jenny Rojas Muñoz (Frente Amplio) de ejercer conductas sistemáticas de hostigamiento y exclusión que derivaron en un cuadro de crisis emocional, validado por la Asociación Chilena de Seguridad como enfermedad de origen laboral.
La presentación fue ingresada ante la Contraloría Regional de Tarapacá en el marco de la Ley Karín (Ley 21.643), que protege a las víctimas de violencia y acoso en el trabajo, y podría marcar un precedente en la forma en que se gestionan este tipo de denuncias dentro del organismo público.
Según el relato de Ramírez, los hechos comenzaron a fines de 2023 y se intensificaron durante 2024, tras dejar de ejercer como dirigenta sindical de la Asociación Nacional de Funcionarios del FOSIS (ANFFOS). Desde entonces, asegura que la directora regional interrumpió toda comunicación verbal directa con ella, excluyéndola de coordinaciones y reuniones, y bloqueando información esencial para el ejercicio de sus funciones, a pesar de ser la encargada de Personas en la región.
“Llevamos meses que no me llama a reunión, no me habla directamente ni me incluye en coordinaciones de trabajo. Todo lo hace por correo o Teams, a pesar de que estamos a pocos pasos de distancia”, relató en conversación con Radio Paulina.
Entre los hechos descritos, la trabajadora acusa contrataciones realizadas a sus espaldas, asignación de tareas sin información previa y la limitación de contacto directo, reduciendo toda comunicación a correos electrónicos y mensajes en plataformas digitales. También afirma que la directora cuestionó solicitudes de feriado legal y gestionó procesos administrativos directamente con el nivel central en Santiago, sin su conocimiento.
“Me enteraba por compañeras de Santiago de procesos que debían pasar por mí. Eso me anulaba completamente”, agregó.
ACHS confirma enfermedad laboral
El episodio más crítico ocurrió el 12 de agosto de 2025, cuando Ramírez sufrió una crisis de pánico en su lugar de trabajo y acudió a la ACHS. El organismo emitió una resolución que calificó su cuadro como enfermedad profesional de origen laboral, determinando que la causa principal era la “disfuncionalidad de la jefatura”.
El dictamen fue categórico y ordenó al FOSIS aplicar medidas correctivas inmediatas para proteger la salud de la trabajadora. Entre ellas, la ACHS instruyó readecuar su puesto de trabajo o cambiarla de funciones para cesar la exposición al factor de riesgo, aplicar un cuestionario de salud laboral CEAL-SUSESO a todo el equipo regional y elaborar un decálogo de buenas prácticas para líderes de equipo que asegure condiciones psicosociales adecuadas y proteja la integridad de los trabajadores.
Anotación de demérito y presentación ante Contraloría
En paralelo, Ramírez solicitó a la Contraloría dejar sin efecto una anotación de demérito que le impuso la misma directora regional en agosto, acusándola de “falta de comunicación”. Según explicó, la sanción carece de fundamento y contradice su historial de desempeño.
“En mis diez años de servicio, con distintas direcciones y gobiernos, nunca había recibido una anotación de demérito, menos por falta de comunicación, cuando precisamente la comunicación ha sido una de mis principales fortalezas”, enfatizó.
La trabajadora sostiene que esta anotación constituye una represalia por su anterior rol como dirigenta de ANFFOS, cargo que desempeñó hasta junio de 2024. En su presentación, recalca que siempre ha obtenido la máxima calificación en sus evaluaciones y que la sanción no se condice con su trayectoria ni desempeño.
Un historial de denuncias en el FOSIS Tarapacá
El caso de Ramírez se suma a un historial de denuncias por maltrato laboral que han involucrado directamente a la actual directora regional del FOSIS Tarapacá.
En 2022, la periodista Mackarena Calderón denunció hostigamiento laboral, respaldada por el Colegio de Periodistas, tras acusar degradación de funciones, trato despectivo y calificaciones injustificadamente bajas.
En 2023, un reportaje de El Desconcierto reveló que al menos cuatro de las diez denuncias de maltrato que enfrentaba el entonces director nacional de FOSIS correspondían a esta región, incluyendo los casos de Claudia Yáñez, Susana Barra y otros funcionarios.
Además, en 2024, el Juzgado del Trabajo de Iquique condenó al FOSIS a pagar cerca de $30 millones a la exfuncionaria Susana Bustos, tras establecer que su despido fue injustificado y vulneró sus derechos fundamentales.
“No quiero saltarme los conductos regulares”
Aunque reconoce el impacto emocional que ha tenido esta situación, Ramírez afirmó que por ahora no contempla acudir a tribunales laborales y que esperará primero el pronunciamiento de Contraloría antes de dar nuevos pasos.
“No quiero faltarme ningún conducto regular. Primero esperé la resolución de la ACHS, y ahora debo ver qué determina Contraloría. Dependiendo de eso, evaluaré qué hacer”, señaló.
Preocupación por el clima laboral
Durante la entrevista, Ramírez lamentó la escasa reacción de la asociación gremial ANFFOS a nivel regional, señalando que sólo ha recibido respaldo desde la directiva nacional. También expresó preocupación por el temor que existiría entre los funcionarios para denunciar estas situaciones, lo que —a su juicio— ha permitido que el problema se mantenga durante años sin una respuesta institucional efectiva.
El caso vuelve a evidenciar el complejo clima laboral que afecta al FOSIS Tarapacá, donde en los últimos años se han acumulado denuncias por hostigamiento, degradaciones laborales y despidos injustificados, generando preocupación entre funcionarios y organizaciones gremiales que advierten temor a represalias y falta de mecanismos efectivos de resguardo institucional.
