La reaparición pública del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, generó incomodidad en el Gobierno tras sus declaraciones de este domingo, en las que afirmó que su discurso de renuncia en octubre de 2024 fue acordado previamente con el Presidente Gabriel Boric y la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Esta versión contradice la línea comunicacional que había sostenido La Moneda, donde se aseguró que Monsalve debía evitar referirse a su defensa al momento de dejar el cargo.
Durante su intervención, Monsalve señaló que su salida fue parte de un acuerdo político que buscaba no interferir en el proceso judicial en su contra, pero subrayó que nunca admitió la comisión de un delito. Además, criticó lo que consideró una “falta de equilibrio” por parte del Ejecutivo en la forma de reaccionar frente a la denuncia por abuso sexual y violación presentada en su contra. “Reconozco que cometí un error, pero no un delito. Espero que la justicia pueda esclarecer los hechos y que se respete la presunción de inocencia”, indicó.
El ex subsecretario también enfatizó que decidió mantener silencio durante meses para no entorpecer la investigación, pero que hoy considera necesario transparentar los acuerdos y aclarar que su renuncia no fue una admisión de culpabilidad, sino una decisión política para evitar dañar la agenda de seguridad del Gobierno.
Las declaraciones provocaron que ministros de La Moneda salieran a responder con cautela. El titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, evitaron profundizar en la polémica. Ambos reiteraron que el caso está en manos de la justicia y que el Gobierno ha colaborado en todo lo necesario para el avance de la investigación, sin emitir juicios sobre el fondo del asunto.
Analistas políticos advierten que las palabras de Monsalve reabren un flanco de conflicto para el Ejecutivo en medio de una agenda marcada por las negociaciones legislativas en seguridad pública y reforma previsional. Además, su reaparición revive el debate sobre los límites de la responsabilidad política de las autoridades frente a casos judiciales que involucran a miembros del Gobierno.
