En la jornada del martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el Estado de Excepción en siete provincias del país en un intento de frenar las protestas por el fin del subsidio al diésel.
Según el Decreto Ejecutivo, los manifestantes “han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”.
En un principio, el Estado de Excepción tendrá una vigencia de 60 días “sin perjuicio de una eventual terminación anticipada de la declaratoria”. La medida incluye la suspensión del derecho a la libertad de reunión en las provincias afectadas, pero no contempla un toque de queda.
Sin embargo, el decreto precisa que tales limitaciones no suprimen el derecho a la protesta, siempre que esta se lleve a cabo de manera pacífica y sin vulnerar las libertades ni garantías de los demás ciudadanos.
Con el fin del subsidio, el costo de este combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Los colectivos de trabajadores y estudiantes protestan porque estas medidas afectan el costo de vida en Ecuador.
En tanto, la portavoz de la presidencia de Ecuador, Carolina Jaramillo, aseguró que el Gobierno no negociará la eliminación del subsidio al diésel, como había reclamado el sector del transporte.
“Hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el Gobierno ‘tendría que terminar cediendo'”, dijo y añadió que “la decisión está tomada”.
