El Gobierno abordó la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra siete empresas que procesan centolla en la región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por haberse coludido, entre 2012 y 2021, para fijar los precios al que compran este recurso, que extraen los pescadores artesanales de la zona.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, espera que este caso llegue a las sanciones que correspondan y afirmó que “la colusión en el mercado de la centolla no solo vulnera la libre competencia, sino que golpea directamente a los pescadores artesanales de Magallanes, que dependen de esta actividad para sostener a sus familias”.
La autoridad de Gobierno dijo que “es inaceptable que empresas se coordinen por años para fijar precios y maximizar sus ganancias, afectando el precio justo a los pescadores artesanales que son los que efectivamente realizan el esfuerzo pesquero de este recurso”.
“Son armadores, patrones de embarcaciones y tripulantes que trabajan en el mar con honestidad, los mayores afectados”, añadió.
En este sentido, Salas enfatizó que “este tipo de coordinación abusiva, que fue calificada por la propia FNE como un cartel, debe seguir siendo investigada por las instituciones pertinentes”, por lo que espera que “esta investigación, que ahora está en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, llegue a buen término y se sancionen a los responsables”.
“En Magallanes hoy hay 857 embarcaciones inscritas con el recurso centolla, cada año están trabajando alrededor de 400 de ellas -con cuatro o cinco tripulantes cada una- siendo al menos 2000 familias las afectadas anualmente”, acotó.
Por último, la autoridad dijo que la Subsecretaría de Pesca ha recabado antecedentes y ha estado coordinando con la Delegación Presidencial de Magallanes, además, sostendrá una reunión con los pescadores artesanales afectados.
