La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, anunció que la principal prioridad de la institución para el año 2026 será la fiscalización de los beneficios sociales que entrega el Estado. El objetivo central es garantizar que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, evitando que sean percibidos por personas con un alto nivel económico.
Durante su intervención en un seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), Pérez detalló que los controles actuales han revelado casos de asignaciones indebidas, donde ciudadanos con un elevado patrimonio o ingresos han accedido a ayudas diseñadas exclusivamente para los sectores más vulnerables.
“Estamos revisando mucho la entrega de los beneficios porque queremos cerciorarnos de que los recursos efectivamente vayan a las personas más vulnerables. Hay una cantidad muy importante de beneficios que se entregan a personas que, cuando uno va a revisar, tienen condiciones económicas de muy alto nivel, y sin embargo están recibiendo beneficios sociales que son para quienes están en situaciones desmedradas”, señaló.
La jefa de la Contraloría precisó que esta revisión no requerirá modificaciones legales, ya que se trata de aplicar de manera estricta las normativas vigentes. En esa línea, explicó que la institución reforzará sus procedimientos mediante mayor dotación de personal especializado y el uso intensivo de cruce de datos entre distintas bases públicas y privadas.
Pérez enfatizó que la correcta focalización de los beneficios sociales no solo contribuye a un mejor uso de los recursos fiscales, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Asimismo, advirtió que la Contraloría actuará con firmeza en la detección de irregularidades y en la exigencia de responsabilidades administrativas a los organismos encargados de la entrega de estas ayudas.
De este modo, el ente fiscalizador busca mejorar la equidad en la distribución del gasto público, asegurando que los programas sociales cumplan con su propósito original: proteger a las familias más pobres y vulnerables del país.
