El ex gerente general (i) de Zofri, Alejandro Berríos Durán, presentó una demanda por tutela de derechos fundamentales en contra de la Zona Franca de Iquique S.A., representada legalmente por el Hernán Albistur González, por perjuicios derivados de su despido y daño moral, exigiendo una indemnización cercana a los $500 millones.
La denuncia fue ingresada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique el pasado 5 de septiembre y está patrocinada por el abogado Carlos Eguiguren Benavides. Además, el tribunal fijó una audiencia preparatoria para el 11 de noviembre, a las 09:30 horas, de forma presencial.
En la acción judicial, a la que tuvo acceso Radio Paulina, se menciona que el 25 de mayo de 2024 el directorio de la compañía, luego de 5 meses y por unanimidad, designó a Berríos Durán como gerente general interino, para reemplazar a Jaime Soto Zura, ejecutivo que lideró la gerencia general desde septiembre de 2022.
Según lo expuesto en la demanda laboral, la designación fue sin opción de poder rechazar el nombramiento, incluso el directorio de la compañía le señaló que sería por un tiempo máximo de 3 o 4 meses.
Sin embargo, el demandante estuvo ejerciendo el cargo por más de un año de manera ininterrumpida, es decir, hasta julio de 2025, pero contratado como gerente legal, cargo que desempeñaba desde mucho antes.
“Acoso, menoscabo y ley del hielo”
En el escrito se detalla que, desde octubre de 2024, se comenzó a cuestionar el liderazgo del gerente general interino. “A eso se sumaron cuestionamientos de la manera en que se estaban llevado las relaciones con ciertos grupos de interés de carácter gremial y político, lo que se tradujo en constantes intentos por pasar por encima de las atribuciones del gerente general, suscribiendo acuerdos sin revisión previa de la gerencia general, realizando negociaciones privadas y ofrecimientos de cargos tanto a ejecutivos internos como personas externas a la compañía”, se indica en el texto.
Además, Berríos Durán fue objeto de una investigación interna basada en una denuncia anónima sobre una supuesta relación sentimental al interior de la compañía, lo que derivó en un interrogatorio y un “acoso laboral”.
El abogado Eguiguren Benavides sostiene en la demanda que su representado sufrió “amenazas” y “represalias” por parte del presidente del Directorio de Zofri S.A, Iván Berríos, especialmente durante noviembre de 2024, en medio de la negociación con los sindicatos de trabajadores de las empresas del Mall Zofri por la modificación de los horarios del centro comercial que derivó en un paralización de cinco días y pérdidas millonarias para la compañía.
En la denuncia también se asegura que el ex gerente interino “fue víctima de hechos, actos y omisiones que constituyen menoscabo de sus funciones”, ya que la compañía a través de su presidente y su vicepresidente “ejerció una serie de actos tendientes a menoscabar el liderazgo” del demandante “con el objeto de minimizar y/o invisibilizar su rol dentro la compañía, en una manifiesta actitud de hostilidad frente a su persona”.
“Del mismo modo, estas acciones pudieron generar consecuencias de orden legal y administrativas que podrían ser endosadas arbitraria y de manera injusta a mi representado en el futuro dada la condición de representante legal que poseía hasta la fecha de su despido”, se agrega en el texto.
Asimismo, el jurista afirma que “se omitió el liderazgo” de Berríos Durán y se le excluyó de numerosas reuniones de trabajo. Incluso en la demanda se sostiene que al afectado se le aplicó la “Ley del Hielo”, siendo “víctima de una acción destinada a hacerlo a un lado de la toma de decisiones relevantes, llevando las gestiones desde la administración hacia el directorio”.
“Con el silencio de instrucciones directas se buscaba evitar poner en conocimiento de mi representado, asuntos de primera relevancia, como por ejemplo, la elección del sucesor en la gerencia general. Lo anterior se evidencia en el número de mensajes enviados por WhatsApp entre el presidente, el directorio y mi representado, los cuales disminuyeron de un momento a otro, demostrando el silencio forzado que se tradujo en ley del hielo”, se añade.
También se sostiene que en al menos dos oportunidades, “se amenazó” a Berríos Durán “con la pérdida de su fuente de trabajo si es que no se cumplían las órdenes e instrucciones del presidente o del vicepresidente. Dichas amenazas, terminaron cumpliéndose ya que mi representado fue víctima de un despido vulneratorio de derechos fundamentales”.
Por último, se precisa que el trabajador fue despedido el 15 de julio y días antes se produjo el nombramiento del gerente general titular, pero “ninguno de los miembros del directorio comunicó de manera formal dicho cambio, ni la fecha en que se produciría”.
“Mi representado solo se enteró debido a un correo del Presidente solicitando que se informara el hecho esencial”, añadió el abogado en el texto.
Según la demanda, dicha acción constituyó “el último acto de acoso laboral que esté sufrió, siendo la consecuencia natural y obvia de un proceso que comenzó bajo la administración” del presidente del Directorio de Zofri S.A.
Asimismo, se indica que el despido del ejecutivo “no sólo no cumplió con los protocolos y políticas internas sobre desvinculaciones, que estaban vigentes a la época del despido y que fueron creadas para proteger al trabajador, además se dejaron de cumplir prácticas que dieron lugar a derechos adquiridos al aplicarse descuentos en el finiquito o impedir una negociación de común acuerdo, que es lo que se venía aplicando desde los últimos casos de desvinculaciones de gerente general y gerentes de primera línea y que no son prácticas de la empresa, en una abierta discriminación en contra de mi representado”.
La acción judicial sostiene que Zofri S.A. se encuentra en la obligación de reparar adecuadamente el daño moral que le causó al demandante con las conductas descritas que le significaron a Berríos Durán “un menoscabo psicológico” y pérdida material de sus facultades como gerente general.
En tanto, el afectado no habría realizado una denuncia previa por la vía administrativa por “el compromiso que tenía con su trabajo y la compañía, y porque, además, al interior de esta no se cumplen con los controles adecuados en materia de denuncias, ya que ellas son dirigidas por el propio directorio a través de la Gerencia de Cumplimiento, coartando decisiones transparentes y objetivas”.
Indemnizaciones y medidas reparatorias
En la demanda, Berríos Durán pide que el tribunal declare que su despido fue “indebido, improcedente o injustificado”, y en virtud de dicha declaración ordene el pago de una serie de indemnizaciones por concepto de años de servicio, vacaciones proporcionales, pago de bonos, costos de la mudanza y daño moral por un monto cercano a los $500 millones.
“Que el despido constituye una discriminación arbitraria y grave, por lo que asiste a mi mandate el derecho a opción regulado en artículo 489 en relación con artículo 2 del Código del Trabajo y que; en caso de que mi mandante opte por la reincorporación: se ordene a la demandada a pagar todas las remuneraciones y prestaciones devengadas desde el despido hasta la reincorporación efectiva”, se agrega en el texto.
Asimismo, como medida de reparación, el demandante pide una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales (UTM) y que se ordene a Zofri S.A. emitir disculpas públicas mediante la inserción en un diario de circulación regional.
De igual forma, se exige que el presidente y el vicepresidente del Directorio de Zofri S.A. pidan disculpas al demandante por “los sucesos ocurridos” en una reunión especialmente convocada para tal efecto y en presencia de la totalidad de los colaboradores de la compañía. Las disculpas públicas también deberán ser difundidas por las redes sociales de la empresa.
“A efectos de acreditar su cumplimiento, acompañar a los presentes autos, un acta suscrita por todos los asistentes a dicha reunión y una declaración de la suscrita, dando cuenta del cumplimiento efectivo de la presente medida de reparación, todo ello, dentro del mismo plazo, bajo apercibimiento legal”, se añade.
A su vez, se pide la realización de, al menos, tres charlas y/o capacitaciones en materia de derechos fundamentales en la relación laboral, con especial énfasis, en las garantías legales y constitucionales.
Por último, Berríos Durán pidió que se condene a Zofri S.A. “a la prohibición total de celebrar actos y contratos con el Estado de Chile por el plazo de dos años conforme a lo señalado en el art. 4 de la Ley N° 19.886”.
