La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la controversia generada por las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, sobre la necesidad de regularizar a migrantes ante la falta de trabajadores en el sector agrícola.
La autoridad llamó a que el debate se realice dentro del marco de la legislación vigente, subrayando que la política migratoria “ha sido difícil de consensuar” y que cualquier eventual cambio debe ajustarse a la ley.
Walker, también exministro de Agricultura, replanteó sus dichos señalando que su propuesta apunta a una “formalización laboral” de los migrantes y no a incentivar la informalidad.
“No podemos caer en la informalidad laboral ni en la ilegalidad: la SNA quiere que cada trabajador agrícola de nuestros campos tenga un contrato de trabajo”, aseguró, aunque reconoció que el tema “es muy poco popular para los políticos en un año eleccionario”.
Vallejo, en tanto, sostuvo que se trata de un debate “complejo” donde existen visiones encontradas. “La SNA señala que falta mano de obra y hay otros que dicen que chilenos y chilenas sí quisieran trabajar en ese rubro dependiendo de las condiciones laborales. Lo importante es que la evaluación que se haga se ajuste a la ley y que la ley se cumpla, porque ha costado mucho generar consenso y avanzar en materia migratoria”, afirmó.
En el plano electoral, la candidata oficialista Jeannette Jara señaló que “lo importante es hacerse cargo de una realidad que existe y es la cantidad de migrantes que hay en Chile”.
Recordó que desde 2023 está en marcha un proceso de empadronamiento de migrantes, con más de 200.000 personas registradas hasta ahora, cuyo objetivo es conocer su situación y verificar eventuales antecedentes penales. “Lo otro es cerrar los ojos y hacer como que aquí no está pasando nada”, recalcó.
Por su parte, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, descartó cualquier apertura hacia la migración irregular. “No vamos a abrir ninguna ventana. Existen visas laborales y el empleador puede hacerse cargo de los costos. Si alguien en el agro está al margen de la ley contratando personas, que se haga cargo y regularice”, señaló.
La polémica refleja la tensión entre las necesidades de sectores productivos que requieren mano de obra extranjera y el debate político sobre migración en un año marcado por la campaña presidencial.
