El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió el sábado a Estados Unidos que la revocatoria de su visa, anunciada por el Departamento de Estado, viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática y por eso considera que la sede de la ONU no puede seguir en Nueva York.
“Lo que hace el Gobierno de EE.UU. conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el Gobierno de EE.UU. no puede condicionar la opinión de los EE.UU.”, escribió Petro en su cuenta de X.
Según el mandatario colombiano, “el que no se haya permitido la entrada” a EE.UU. al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para intervenir ante el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, y el que se le quite la visa “por pedirle al ejército de EE.UU. y de Israel que no apoyen un genocidio (…) demuestran que el Gobierno de EE.UU. ya no cumple con el derecho internacional”.
Cabe mencionar que la tensión entre Estados Unidos y Colombia escaló, después de que la administración de Trump le quitará la visa al presidente Petro, por unas declaraciones, en una marcha a favor de Palestina en Nueva York, en la que instó a los soldados estadounidenses “a no apuntar contra la humanidad sus fusiles“.
Tras esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado manifestando que “alzar la voz para denunciar hechos que afectan a la población palestina no puede ser interpretado como un acto contrario al derecho, sino como una obligación moral y política frente a posibles violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos”.
Asimismo, la Cancillería colombiana remarcó que la retirada del visado atenta contra el espíritu de la Carta de Naciones Unidas que promueve el derecho a la libertad de expresión, por lo que en caso de no estar garantizado “sería imprescindible la búsqueda de un país sede completamente neutral“.
En esa línea, Colombia propuso que sea la propia organización de Naciones Unidas quien se encargue de expedir las autorizaciones para ingresar en el territorio “de ese nuevo Estado-sede, con apego al derecho internacional”.
