El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, presentó al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el informe “Crimen organizado y derechos de la niñez: estándares y diagnóstico preliminar”, documento que analiza cómo la violencia y las redes delictivas afectan a niños, niñas y adolescentes en Chile.
El estudio, elaborado desde un enfoque de derechos humanos, advierte sobre la necesidad de políticas públicas eficaces y sostenidas que protejan a la niñez frente a la criminalidad.
“La violencia ejercida por el crimen organizado contra niños, niñas y adolescentes está determinada por múltiples factores de riesgo que aumentan su vulnerabilidad como víctimas o su involucramiento en actividades delictivas”, señaló Quesille.
Entre los factores de riesgo más críticos, el informe identifica la pobreza, exclusión social, corrupción, impunidad y ausencia del Estado en territorios con profundas desigualdades. Todo ello debilita los mecanismos de protección e incrementa la exposición de la niñez al crimen organizado.
Cifras preocupantes
De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, los delitos sufridos por niños y adolescentes vinculados al crimen organizado aumentaron de 106 casos en 2015 a 405 en 2022, bajando a 188 en 2023. La región de Arica y Parinacota presenta la tasa más crítica, con cifras 2.572% superiores al promedio nacional.
Los delitos más recurrentes son tráfico y trata de personas (50%), robos y receptación (18%) y secuestros (10%). Asimismo, se advierte un alza en la participación de adolescentes como imputados en delitos organizados, especialmente en Tarapacá, Aysén y Arica y Parinacota. El 87% de los involucrados son hombres, concentrándose en los 17 años.
El Ministerio Público señala que los jóvenes son reclutados para tareas de “iniciación”, como el robo de vehículos, y con un uso creciente de violencia en encerronas y portonazos.
La Defensoría plantea fortalecer la coordinación interinstitucional, ampliar la cobertura de programas preventivos y garantizar inclusión escolar, especialmente para niños y adolescentes en situación migratoria irregular.
El informe entrega recomendaciones en tres áreas:
- Preventiva: revisar la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y programas como Chile Crece Contigo.
- Social: reforzar la reinserción de adolescentes vinculados a bandas mediante educación, empleabilidad y apoyo psicosocial.
- Legislativa: sancionar la captación de menores por grupos criminales y monitorear proyectos de ley con enfoque punitivo sin evidencia.
Finalmente, Quesille llamó a crear una base de datos unificada sobre crimen organizado, similar a la que existe para homicidios, señalando que la información fragmentada entre instituciones dificulta el análisis integral y la implementación de estrategias efectivas.
