Este viernes el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique resolvió que los querellantes particulares del caso “Cajas de Alimentos” deberán pagar un total de $64 millones por las costas del juicio que comenzó en junio de 2025.
Los acusados de este caso fueron absueltos hace un mes de los cargos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, entre ellos, se encuentran el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza; y la exconsejera regional, Daniela Solari (Ex RN).
Si bien el proceso judicial fue encabezado por la Fiscalía Local de Iquique, a cargo del fiscal Juan Zepeda; los jueces decidieron no condenar al pago de costas al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al querellante particular, Bairon Arancibia.
En la sentencia, a la que obtuvo acceso este medio, se detalla que el tribunal decidió eximir del pago de costas a los acusadores mencionados debido a que la prueba presentada dio cuenta de “irregularidades administrativas durante la tramitación del proyecto” que están respaldadas por informes de Contraloría General de la República (CGR) y un peritaje contable.
Asimismo, el tribunal consideró que la Fiscalía, el CDE y el querellante Arancibia “contaron con motivos plausibles para sostener su acusación y por ende para litigar en un juicio oral”, por lo que no se les condenó en costas.
Sin embargo, el diputado Matías Ramírez (PC); el ex consejero regional de Tarapacá, Pedro Cisternas (PC); el abogado y candidato a diputado, Enzo Morales; y el candidato a senador, Hugo Gutiérrez (PC), no tuvieron la misma suerte y fueron condenados al pago de costas por el abandono de la querella antes del inicio del juicio.
“Si se condena en costas a los querellantes a quienes, en su oportunidad, se declaró el abandono de la querella (…) a las sumas indicadas”, dijo el juez Fernández en la lectura de sentencia.
Ahora, los querellantes del caso y el Ministerio Público tienen un plazo de 15 días, a contar del viernes 3 de octubre, para ver si presentan un recurso para anular el juicio.
De hecho, la Fiscalía indicó a Radio Paulina que analizará el fallo para ver si procede o no la presentación de un recurso.
Abandono de querella
En abril de 2021, Ramírez, Morales, Cisternas y Gutiérrez interpusieron una querella criminal contra los acusados del caso, designando como abogados patrocinantes a los mismos Morales y Ramírez.
Sin embargo, en marzo de 2022, Ramírez, en su calidad de querellante, decidió renunciar al patrocinio y poder en la causa, siendo entregada tales competencias al abogado Bairon Arancibia, quien con el transcurso de la investigación se adhirió a la acusación del Ministerio Público presentada el 15 de noviembre de 2024.
Por su parte, el abogado querellante, Enzo Morales, presentó su renuncia al patrocinio y poder el 9 de junio de 2025, esto previo a declarar en el inicio del juicio oral que se extendió por más de tres meses.
“Tal como se resolvió durante la audiencia del día 9 de junio de 2020, luego de oído los intervinientes y dejada constancia de la intervención del letrado señor Morales, quien presentó su renuncia al patrocinio y poder previo a declarar el inicio del juicio oral, señalando que sus representados se encontraban informados de la situación conforme a la ley”, se menciona en la sentencia.
En este último caso, el tribunal señaló que “los querellantes, quienes tuvieron en su inicio el carácter de denunciantes en la causa, informados de la decisión del abogado, quien también era parte querellante en este proceso, y teniendo todos la posibilidad de haber conferido poder a otro abogado o haber delegado poder en un letrado para que compareciera a las sesiones de audiencia de juicio oral, no lo hicieron, ahorrándose los costos que ello implicaba”.
Por otro lado, los jueces destacaron que el querellante Bairon Arancibia “sí se preocupó de asegurar la comparecencia de una letrada (la abogada Paula Fortte) quien lo representó durante todo el desarrollo del juicio”.
Como consecuencia, el tribunal condenó a los querellantes particulares que abandonaron este emblemático caso al pago de las costas del juicio, sumando en total $64 millones que será dividido entre los sentenciados. La cifra se estimó como el costo de contratar un abogado por un juicio prolongado.
En este sentido, Ramírez, Morales, Cisternas y Gutiérrez son responsables de pagar a los ocho absueltos en el “Caso Cajas de Alimentos” la suma de $2.000.000 cada uno, es decir, cada querellante deberá desembolsar $16 millones.
Querellantes responden a sentencia
Tras conocerse la sentencia del tribunal, el diputado Matías Ramírez manifestó que “lo sucedido es grave e influyen varios factores, el más importante es que el fallo es cuestionable al no considerar sendos informes de la Contraloría que daban cuenta de las irregularidades en el caso cajas”.
En este sentido, el parlamentario confirmó que recurrirá ante la Corte de Apelaciones y aseguró que estuvo “representado durante todo el juicio por la abogada Paula Fortte y Bairon Arancibia”.
“Esto es una muestra más de que la justicia en casos de corrupción no funciona y termina absolviendo a los acusados y condenando a quienes nos atrevemos a denunciar estos hechos. Como lo sucedido con el Juez Ulloa, que cualquier persona se pregunta, cómo es posible que influir en nombramientos y configuraciones de salas no es motivo suficiente para ser expulsado”, expuso el diputado.
Por su parte, Pedro Cisternas indicó a este medio que la sentencia “no se condice con la gravedad de la denuncia por defraudación de las arcas fiscales es decir el dinero de todos los tarapaqueños”.
“La querella se funda en dos sendos informes de la Contraloría Regional que se formó la impresión después de su propia investigación, que había dolo por parte de la Intendencia de aquel período”, añadió.
El ex consejero regional manifestó que “se favorecieron a particulares vinculados a quienes finalmente resultaron imputados. Hubo un evidente sobreprecio en la valorización de las cajas de alimentos que debían favorecer a miles de familias de la región que esperaban ayuda el gobierno cuando los rigores de la pandemia el año 2020 golpeaban a los más necesitados”.
“La propia Contraloría es contradecida por este insólito fallo absolutorio, cuando este organismo decide enviar los antecedentes al ministerio público y al CDE. Un juicio tardío y extenso en el tiempo que terminó favoreciendo a quienes defraudaron a los tarapaqueños”, enfatizó Cisternas.
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