La Cámara de Diputadas y Diputados designó a los cinco parlamentarios que integrarán la comisión encargada de analizar la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez.
La instancia estará compuesta por la diputada Alejandra Placencia y los diputados Gustavo Benavente, José Carlos Meza, Frank Sauerbaum y Hotuiti Teao, quienes deberán revisar los antecedentes del libelo acusatorio.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Constitución Política, la Sala tomó conocimiento de la acusación presentada por los diputados Daniel Manouchehri, Marcos Ilabaca, Daniella Cicardini, Luis Malla, Juan Santana, Leonardo Soto, Camila Musante, Eric Aedo, Boris Barrera, Javiera Morales y Cosme Mellado, y posteriormente realizó el sorteo para conformar la comisión.
El libelo sostiene que el ministro Ulloa habría incurrido en notable abandono de deberes, al filtrar información de causas judiciales al abogado Luis Hermosilla. Además, se le atribuyen vulneraciones al deber de imparcialidad en decisiones judiciales y presuntas intervenciones indebidas en nombramientos dentro del Poder Judicial.
La acusación se estructura en tres capítulos. En el primero, se acusa a Ulloa de haber vulnerado el deber de reserva y confidencialidad, filtrando resoluciones y acuerdos reservados al abogado Hermosilla. En el segundo, se le imputa haber participado en causas con conflictos de interés y haber demostrado animadversión hacia ciertos intervinientes.
Finalmente, en el tercer capítulo se le acusa de intervenir en nombramientos judiciales, solicitando apoyo o intentando influir en designaciones a través de Hermosilla, además de mantener contactos con senadores para influir en votaciones relacionadas con la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso y en la nominación del juez Raúl Mena a la Corte Suprema.
Próximos pasos del proceso
A partir de hoy, la Cámara cuenta con un plazo de tres días para notificar al ministro Ulloa de la acusación. Una vez notificado, el magistrado tendrá diez días para presentar su defensa, ya sea de forma personal o por escrito, ante la comisión especial.
Posteriormente, la comisión tendrá seis días para analizar los antecedentes y emitir su informe, el cual será remitido a la Sala de la Cámara para que ésta se pronuncie sobre la admisibilidad de la acusación constitucional.
