Con la aprobación unánime de las modificaciones introducidas por el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, concluyendo así la tramitación del proyecto en el Congreso Nacional.
El proyecto de ley —boletín 13.991— busca garantizar el acceso igualitario a la justicia y fortalecer la protección a las víctimas, consolidando en una sola entidad los servicios que actualmente prestan las corporaciones de asistencia judicial.
El nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia será un organismo público y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Ministerio de Justicia. Tendrá su sede en Santiago y direcciones regionales en todo el país.
Su labor se enfocará en entregar orientación, asesoría y representación jurídica a personas que no puedan costearla, además de apoyo psicológico y social cuando corresponda. También asumirá la mediación familiar y la resolución colaborativa de conflictos, reuniendo programas y funciones que actualmente se encuentran dispersos.
El texto establece que el nuevo organismo será el continuador legal de las corporaciones de asistencia judicial, y que todas las personas que necesiten información, asesoría o representación jurídica podrán acceder a sus servicios.
La ley también crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, que estará a cargo de entregar información, asesoría legal y acompañamiento psicosocial a quienes hayan sufrido delitos, incluyendo la representación jurídica durante el proceso penal y en la ejecución de las penas.
Entre sus atribuciones, se contempla orientar sobre medidas de protección y programas estatales, además de representar civilmente a las víctimas para perseguir responsabilidades derivadas del delito. Incluso, el texto aclara que funcionarios policiales podrán acceder a estos servicios si son víctimas en el ejercicio de sus funciones.
Durante la sesión, legisladores y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacaron la relevancia de esta nueva institucionalidad, que permitirá “un Estado más presente y empático con las víctimas de delitos”.
Asimismo, se valoró que el nuevo servicio incorpore apoyo psicosocial y mejoras laborales para los funcionarios de las actuales corporaciones de asistencia judicial, junto con una distribución territorial que asegure cobertura nacional.
En la discusión, también se recordó el caso del joven Alejandro Martínez González, asesinado en Llolleo en 2008, cuyos padres impulsaron parte de esta iniciativa. En su memoria, varios parlamentarios solicitaron que la futura ley lleve su nombre.
