La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N° 18.695), con el fin de incorporar mecanismos de control y fiscalización del comercio ambulante informal e ilegal. La iniciativa fue despachada al Senado para su segundo trámite legislativo.
El proyecto permite que las municipalidades adopten medidas para recuperar espacios públicos afectados por el comercio ambulante o estacionado que opere sin permisos. Además, faculta a los alcaldes a informar trimestralmente al Consejo Comunal de Seguridad Pública sobre los permisos otorgados, las condiciones de su mantención y las acciones desarrolladas para disminuir la informalidad.
Asimismo, la iniciativa contempla la designación de delegados municipales encargados de prevenir y detectar el comercio irregular, coordinando acciones con organismos como el Servicio Nacional de Aduanas y las Seremi de Seguridad Pública y de Salud.
En materia de fiscalización, la norma establece que el comercio ambulante ilegal será controlado por Carabineros e inspectores municipales o fiscales, quienes podrán cursar multas que van desde media UTM hasta cuatro UTM en casos de reincidencia. Además, los municipios estarán facultados para retirar vehículos o carros de arrastre sin patente o permiso y rematarlos en subasta pública.
El texto también incorpora sanciones para quienes almacenen mercancías sin pagar patente municipal o con patente vencida, las que podrían alcanzar hasta el 200% del valor adeudado o 20 UTM, y dispone que las ordenanzas municipales regulen el decomiso y destrucción de mercadería en un plazo máximo de 48 horas.
Durante el debate, los diputados valoraron transversalmente la iniciativa, destacando que entrega herramientas concretas para enfrentar el crecimiento del comercio ilegal y recuperar el orden en los espacios públicos. Sin embargo, algunos parlamentarios advirtieron que el decomiso de mercaderías podría dificultar la formalización de quienes hoy trabajan en la informalidad, por lo que pidieron revisar ese punto en el Senado.
La propuesta busca dotar a los municipios de mayor capacidad operativa y legal para enfrentar una problemática que, según se señaló en la discusión, ha derivado en inseguridad, competencia desleal y presencia de delitos asociados en las calles del país.
