La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades en el manejo, custodia y destrucción de drogas incautadas en 17 servicios de salud del país, según una serie de informes reservados que fueron remitidos al Ministerio Público.
Los antecedentes evidencian incumplimientos a la Ley N° 20.000, que regula el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Entre las principales observaciones, la CGR constató diferencias en el peso de los decomisos, registros inconsistentes y demoras en los plazos legales de entrega y análisis de las sustancias.
La auditoría detectó discrepancias entre las actas de decomiso y el peso verificado en terreno, especialmente en decomisos de cannabis, lo que implica pérdida de trazabilidad de la evidencia. Además, algunos servicios de salud mantenían sus registros en planillas Excel sin medidas de seguridad, detectándose al menos siete errores de transcripción en los datos revisados.
El informe también advierte que Carabineros y la PDI incumplieron el plazo de 24 horas establecido por ley para entregar las sustancias a los servicios de salud, mientras que en otros casos se constató que los resultados de laboratorio fueron informados al Ministerio Público con retrasos de hasta 350 días.
Los fiscalizadores constataron graves fallas en la infraestructura y medidas de seguridad de las bodegas y oficinas donde se almacenan los decomisos. En varios casos, las drogas se encontraban apiladas en el suelo, con bolsas rotas o mal selladas, y sin constancia de que su contenido coincidiera con lo recepcionado.
Asimismo, los recintos carecían de ventilación adecuada, sistemas de extracción de aire y cámaras de seguridad, y algunas cajas fuertes se encontraban en mal estado. También se detectó falta de control de acceso a las dependencias, con tarjetas sin identificación y ausencia de registros de ingreso.
La Contraloría advirtió que no existe un sistema informático unificado para el control y trazabilidad del proceso de destrucción de drogas. Las plataformas disponibles no vinculan de manera directa las actas de recepción con las de destrucción, lo que impide un seguimiento confiable del material incautado.
Por último, los informes alertan sobre riesgos para los funcionarios encargados del manejo y transporte de estupefacientes, debido a vehículos no habilitados y la ausencia de zonas exclusivas para sustancias líquidas o residuos tóxicos, las que podrían provocar combustiones o explosiones.
Los antecedentes recopilados por la CGR fueron remitidos al Ministerio Público, que deberá evaluar eventuales responsabilidades administrativas o penales por las falencias detectadas en el proceso de custodia y destrucción de drogas incautadas en los servicios de salud del país.
