La Corte de Apelaciones de Iquique ratificó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte que condenó a la Municipalidad de Pica a pagar una indemnización de más de 20 millones de pesos a la funcionaria Marta Bauman Figueroa, quien interpuso una demanda por tutela laboral y vulneración de derechos.
En el fallo de primera instancia, el magistrado Raúl Santander acogió la demanda de tutela laboral, tras establecer que entre la funcionaria y el municipio “existió una relación laboral que se extendió entre 1 de septiembre de 2017 y el 29 de junio de 2023”.
En este sentido, en la sentencia de la Corte de Apelaciones se reconoció su calidad de trabajadora con los mismos derechos que los demás funcionarios municipales, a pesar de ser contratada a “honorarios”.
Asimismo se acogió la demanda de tutela laboral, reconocimiento de la relación laboral vigente y acreditó la vulneración de su “integridad psíquica”, ya que, la funcionaria denunció actos de corrupción cometidos dentro del municipio, lo que tuvo como consecuencia su persecución, maltrato y finalmente el despido discriminatorio.
“En ese sentido, menciona que si el juez reconoce la omisión y el ambiente laboral adverso como la causa del daño psíquico también podría aquello afectar la honra y dignidad de una persona al generar “malos tratos” o afectar su “imagen frente a la comunidad” de manera indirecta, o incluso influir en su “derecho al trabajo” al hacer insostenible la continuidad laboral, pero esta disparidad en la valoración de la causalidad y la responsabilidad del empleador genera una falta de coherencia en el fallo”, se menciona en la resolución.
El abogado demandante Enzo Morales señaló que “el máximo tribunal regional rechazó la impugnación presentada por el alcalde Iván Infante y ratificó la sentencia porque él tuvo conocimiento personal de las denuncias de corrupción dentro del municipio que dirige, sin embargo, no realizó acciones para proteger el patrimonio municipal ni la dignidad de la trabajadora”.
“La sentencia reconoció su calidad de trabajadora con los mismos derechos que los demás funcionarios municipales a contrata o de planta, a pesar de ser contratada por convenio a honorarios”, añadió.
Asimismo, el jurista indicó que “la sentencia acogió la demanda de tutela laboral, reconocimiento de relación laboral vigente y acreditó la vulneración a su integridad psíquica, ya que la funcionaria denunció actos de corrupción cometidos dentro del municipio por otros funcionarios, lo que tuvo como consecuencia su persecución, maltrato y finalmente el despido injustificado y discriminatorio”.
“La Corte de Apelaciones de Iquique, el máximo tribunal regional, rechazó la impugnación presentada por el alcalde Iván Infante y ratificó la sentencia, porque él tuvo conocimiento personal y directo de las denuncias de corrupción dentro del municipio realizada por la trabajadora. Sin embargo, no realizó acciones para proteger el patrimonio municipal ni la dignidad de la trabajadora que terminó siendo despedida”, agregó.
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