Este lunes, la Fiscalía Regional de Coquimbo informó al séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar en la causa investigada por un presunto tráfico de influencias y fraude al fisco en la fallida compraventa de la casa del ex presidente Salvador Allende por parte del Gobierno.
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que la causa se inició de oficio por parte de la Fiscalía Regional de Coquimbo el 8 de enero y a la que posteriormente se sumaron las denuncias y acciones de querellantes el 9 de enero del mismo año.
Sin embargo, indicaron que “reunida y analizada la información recopilada durante la investigación, a la fecha no se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados, sin perjuicio de otras informaciones que pudieran surgir”.
Asimismo, aclararon que la Fiscalía realizó múltiples diligencias como la toma de 42 declaraciones en calidad de testigos a funcionarios de la Presidencia, Ministerios de las Culturas, Secretaría General de la Presidencia y la Contraloría. También se tomó declaración a 10 personas en calidad de imputadas.
“La Fiscalía solicitó y concretó la entrega voluntaria de antecedentes como la recopilación de evidencia documental y digital de correos electrónicos, pendrives, discos duros, cuadernos de 11 entidades y personas particulares, entre ellas la 50° Notaria, Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Ministerios de Bienes Nacionales y Culturas, Subsecretaría del Patrimonio Cultural, Secretaría General de la Presidencia y Contraloría General de la República”, explicaron en el escrito.
De igual forma, se despacharon órdenes de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI) con instrucciones para consignar y asegurar elementos que comprueben hechos y partícipes y solicitudes específicas de diligencias, además de 15 instrucciones particulares a la misma policía para determinar domicilios de imputados y requerir información sobre transferencias entre la Fundación Salvador Allende y Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
“Petición sobre diligencias a la PDI y sumario administrativo de la Contraloría, requerimientos informativos a diversos ministerios sobre sumarios y la realización de 32 diligencias solicitadas por las partes querellantes y defensas (…) se realizó un ingreso para peritaje consistente en fijación planimétrica y fotográfica del inmueble de calle Guardia Vieja como también para su tasación fiscal”, añadieron.
El Ministerio Público agregó que se realizaron solicitudes al séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el 26 de febrero sobre la incautación de teléfonos celulares, la incautación y análisis de correos electrónicos y de información contenida en almacenamientos físicos y virtuales.
También se emitieron órdenes de revisión y extracción digital forense y entrada y registro de los domicilios de los investigados, las cuales con fecha 27 de febrero pasado no fueron autorizadas por el Tribunal.
Por último, la Fiscalía informó que la comunicación de la decisión de no perseverar se efectuará en audiencia pública ante el séptimo Juzgado de Garantía, cuya fecha y hora se encuentran pendientes.
