Tras perder un recurso en la Corte de Apelaciones de Iquique, la Municipalidad de Pica confirmó que recurrirá ante la Corte Suprema para revertir la sentencia dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte que condenó al municipio a pagar una indemnización de más de $20 millones a la funcionaria Marta Bauman Figueroa, quien interpuso una demanda por tutela laboral y vulneración de derechos.
En la sentencia de la Corte de Apelaciones se reconoció la calidad de trabajadora de la demandante con los mismos derechos que los demás funcionarios municipales, a pesar de ser contratada a “honorarios”. Asimismo se acogió la demanda de tutela laboral, reconociendo la relación laboral vigente y acreditó la vulneración de su “integridad psíquica”.
En tanto, el municipio, liderado por el alcalde Iván Infante, indicó en un comunicado que “el proceso judicial aún no ha concluido” por lo que recurrirá ante el máximo tribunal de justicia con el fin de que dicha instancia pueda realizar “un análisis completo de los antecedentes y de las inconsistencias que se mantienen en el fallo actual”.
La casa edilicia aseguró que “no existió despido por esta parte, y que en el propio fallo de primera instancia no se acreditó vulneración a la honra, la dignidad ni al derecho al trabajo de la excolaboradora, como tampoco se hizo referencia a la acreditación de supuestos hechos corrupción”.
“Todos los antecedentes y contradicciones serán puestos nuevamente a disposición de la siguiente etapa judicial”, agregaron.
De igual forma, reafirmaron su “pleno respeto hacia los derechos y las garantías constitucionales, negando categóricamente cualquier afectación ‘sistemática’ a funcionarios o funcionarias municipales, reiterando nuestra total confianza con el Poder Judicial y las diferentes instancias que lo componen”.
“Nuestro compromiso siempre será con la verdad, la transparencia y la justicia. Así lo hemos demostrado en procesos anteriores de naturaleza similar como aquellos iniciados por exfuncionarias de Seguridad Pública y de la Oficina de la Mujer-, los cuales, por respeto a las personas involucradas, se han mantenido en reserva. En ambos casos, los tribunales fallaron de manera clara y concreta a favor del municipio, reconociendo un actuar ajustado al ordenamiento jurídico y a la buena fe administrativa”, añadieron.
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