La Dirección Nacional del Servicio de Aduanas decidió no renovar en su cargo al director regional de la Aduana de Iquique, Cristian Molina Silva, en medio de una investigación en su contra por el delito de desacato, es decir, presuntamente incumplir un fallo judicial que ordenaba destituir a una trabajadora condenada por apremios ilegítimos.
El profesional ha ocupado el cargo durante seis años -desde abril de 2019- tras quedar seleccionado en un concurso por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Ahora su puesto quedará vacante a partir del 17 de noviembre, es decir, le avisaron con un mes de anticipación.
Según información recabada por Radio Paulina, la salida del director se habría manejado con pinzas y fue informada con un mensaje interno en la Dirección Regional del servicio.
Sobre los motivos para no mantener a Molina Silva en su cargo, desde el servicio indicaron a este medio que “la Ley establece que los cargos ADP tiene una duración de tres años, los que son renovables y, en este caso, la Directora Nacional en el uso de sus facultades dio el aviso que establece la Ley 19.882, de no renovación del nombramiento”.
Denuncia por desacato
La querella por el delito de desacato, que puede implicar penas de entre 541 días y 5 años de cárcel, fue presentada por una funcionaria administrativa del Servicio Nacional de Aduanas, Anita Martínez Castillo, en noviembre de 2024 ante el Juzgado de Garantía de Iquique, siendo declarada admisible.
En la acción judicial, a la que obtuvo acceso Radio Paulina, la querellante expone que el 7 de septiembre de 2022 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique condenó a la funcionaria Jaqueline Silva Reyes a cinco años de presidio menor en su grado máximo por el delito de apremios ilegítimos, cometidos el 20 de junio y 23 de agosto de 2019.
Asimismo, el tribunal estableció la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Además, la sentencia quedó ejecutoriada el 11 de noviembre de 2022 y se remitieron copias del dictamen a diversas instituciones para que se asegure su cumplimiento.
No obstante, la denunciante sostiene que la funcionaria siguió ejerciendo funciones en la Dirección Regional de la Aduana de Iquique. Además, asegura que Silva Reyes realizó labores administrativas en dicha institución incluso después de que la sentencia se encontraba vigente y ejecutoriada, infringiendo las disposiciones judiciales y sin que la autoridad competente haya tomado medidas disciplinarias.
Cabe mencionar que en el Portal de Transparencia Activa del Servicio Nacional de Aduanas se detalla que la funcionaria aludida figuraba como personal de dotación a contrata hasta octubre de 2024, desempeñándose como “fiscalizador”.
En dicho periodo, Martínez Castillo también realizó una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR), pero no obtuvo respuesta ni se tomaron acciones concretas.
En este sentido, la querellante expuso que la autoridad demandada y el organismo permitieron que la funcionaria condenada siguiera prestando servicios en la Aduana de Iquique pese a que la sentencia quedó ejecutoriada el 11 de noviembre de 2022 y la inhabilitaba para ocupar cargos públicos por cinco años.
En la denuncia, se adjunta una copia de la sentencia y de documentos internos de la Aduana de Iquique que acreditarían la continuidad laboral de la sentenciada. Según la querella, esto constituye un incumplimiento grave de la resolución judicial y una infracción a los deberes de la administración pública.
Diligencias pendientes y orden de detención
La querella de Martínez Castillo se acompaña con diversas pruebas como la certificación de la sentencia ejecutoriada, una resolución exenta del director regional y listados de turnos donde figura la funcionaria condenada.
Asimismo, la denunciante pidió al tribunal que remita todos los antecedentes del caso al Ministerio Público y que se efectúen diversas diligencias investigativas como citar a declarar a la condenada y al director regional de la Aduana de Iquique.
En tanto, la Fiscalía confirmó a Radio Paulina que la investigación de la denuncia en contra de Molina Silva, por el delito de desacato, se encuentra desformalizada y es de carácter reservada. Además, sigue vigente y con diligencias pendientes.
De hecho, el Ministerio Público ya ha ordenado a la Policía de Investigaciones (PDI) diligencias para determinar lo ocurrido en este caso y establecer las presuntas responsabilidades que se mencionan en la querella.
Una de las pericias que ordenó la Fiscalía Local de Iquique, a cargo del fiscal Gonzalo Valenzuela, fue la toma de declaraciones “en calidad de imputados” de los querellados Cristian Molina y Jacqueline Silva, además del empadronamiento de testigos.
Según se detalla en un informe policial al que accedió este medio, las declaraciones de los involucrados se realizaron entre abril y mayo de 2025. También fue entrevistada la denunciante y una de las víctimas del delito de apremios ilegítimos.
Tras estas diligencias, la PDI solicitó a la Fiscalía requerir al tribunal la copia de la última resolución judicial para establecer si el director regional “estaba en conocimiento” de que la condena de la imputada estaba firme y ejecutoriada. Lo anterior, con la finalidad de descartar o corroborar si el querellado “es autor del delito de desacato”.
En tanto y conforme a los antecedentes mencionados en la investigación policial, se pudo establecer “el delito de desacato cometido por la imputada Jacqueline Silva”, por lo que se pidió gestionar la respectiva orden de detención.
Servicio Nacional de Aduanas aborda denuncia
Al consultar si la investigación y las diligencias influyeron en la decisión de no mantener a Molina Silva en el cargo, la Dirección Nacional de Aduanas manifestó estar al tanto de la denuncia por el delito de desacato.
No obstante, indicaron a Radio Paulina que “el curso de ella es resorte del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía correspondiente y la determinación de no renovación no está determinada por la existencia de dicha investigación“.
“El Servicio Nacional de Aduanas respeta y no interviene en los procesos judiciales, más aún en desarrollo, porque vulnera el principio de inocencia”, agregaron.
En los informes policiales que revisó este medio se menciona que Molina Silva prestó declaración a la PDI “en calidad de imputado”.
Sin embargo, el servicio menciona que “de acuerdo a la información que consta en la página del Poder Judicial, entendemos que el Director Regional tiene la calidad de querellado“.
Por último, Aduanas informó a este medio que el jefe de Fiscalización, Ricardo Aceituno, quedó con la subrogancia del cargo. Además, la Dirección Nacional “está tomando las medidas para que la Dirección Regional de la Aduana de Iquique cuente con un o una directora conforme a los procedimientos establecidos por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP)”.
“Una vez que opere la vacancia y que establezca la ley se realizarán los procesos que correspondan al Sistema ADP”, añadieron.
