A las penas de 12 años y 10 años de presidio, respectivamente, fueron condenados el dueño de dos prostíbulos clandestinos y otros tres encargados del mismo lugar -todos extranjeros-, acusados por la Fiscalía de Alto Hospicio por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de migrantes.
Los acusados formaban parte de un clan familiar que fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) a fines de noviembre del año 2023 por traer mujeres desde Bolivia, algunas de ellas incluso adolescentes, para que se prostituyeran en Chile.
En el juicio a cargo de la fiscal jefe Jócelyn Pacheco se acreditó que durante un período indeterminado que comprende al menos el año 2023, los acusados Luis Tocas Romero (de nacionalidad peruana y dueño del local), Alejandra Arteaga Pacamia, Milena Arteaga Pacamia y Jhoan Zeballos Saucedo -los tres de nacionalidad boliviana-, se dedicaron sistemáticamente a la captación y traslado de diversas mujeres, principalmente desde la localidad de Riberalta, Bolivia, hasta territorio chileno, con la finalidad supuesta de trabajar como camareras, aunque el propósito real era que ejercieran la prostitución bajo su administración y control.
El modus operandi consistía en que, una vez lograda la captación de las víctimas, los acusados se encargaban de acompañarlas durante todo el trayecto hacia territorio chileno, cruzando la frontera de manera ilegal, incluso algunas con niños y lactantes, y asumiendo en primera instancia los gastos de traslado. Este gasto, junto a otros posteriores, debían ser devueltos por las mujeres en Chile, quedando obligadas a ejercer el comercio sexual para saldar sus deudas.
En territorio chileno, los acusados mantenían dos inmuebles destinados al comercio sexual ubicados en Alto Hospicio, donde se vendía alcohol en forma clandestina. Además, todos los servicios sexuales eran promocionados en el sitio web skokka.com, donde se publicaban avisos para captar clientes y fotografías de las mujeres para concertar citas.
En el juicio la Fiscalía presentó los testimonios de las víctimas, entre las cuales había dos adolescentes de 17 y 15 años, quienes detallaron cómo fueron contactadas y traídas engañadas para trabajar de camareras.
Gracias a que algunas de ellas contactaron a familiares para que realizaran la denuncia sobre lo que estaba pasando, la Policía de Investigaciones pudo allanar los locales. También declararon los funcionarios de la Brigada de Trata de Personas que estuvieron a cargo de las diligencias.
Terminado el juicio, el tribunal resolvió condenar a Luis Tocas Romero a tres penas que suman 12 años de presidio y a los otros tres acusados a casi 10 años de presidio cada uno, todos como autores de los delitos reiterados de trata de personas para ejercer la prostitución y con fines de explotación sexual y tráfico de migrantes.
