La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Tarapacá ofició a la Seremi de Salud y al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) para recabar antecedentes sobre la situación de una exfuncionaria del Hospital Regional de Iquique, quien denuncia vulneración de su derecho de acceso a la salud tras quedar con secuelas severas del Covid-19 que contrajo en 2022 mientras trabajaba en el recinto asistencial.
Según la documentación, el ISL calificó inicialmente el contagio como enfermedad laboral, otorgándole cobertura bajo la Ley 16.744, que establece el seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Sin embargo, en julio de 2023, el organismo decidió suspender las prestaciones médicas, argumentando que las dolencias persistentes eran de carácter común y no laboral, por lo que la derivó a Fonasa.
La afectada apeló a la Superintendencia de Salud, que ordenó restituir la cobertura, al reconocer que las secuelas derivaban del Covid. Aun así, el ISL mantuvo su postura, lo que llevó a la mujer a presentar un recurso de amparo que fue acogido por la Corte Suprema tras ser rechazado inicialmente por la Corte de Apelaciones de Iquique.
Fallo de la Corte Suprema
El máximo tribunal estableció que el cese de la cobertura del seguro laboral configuró una “amenaza arbitraria e ilegal” a las garantías constitucionales de la afectada, ordenando al ISL realizar exámenes psiquiátricos y neurológicos. No obstante, el organismo reiteró que las patologías eran “extralaborales” y que no correspondía mantener la cobertura bajo la Ley 16.744.
Actualmente, la mujer presenta graves problemas de movilidad y comunicación, y, según el INDH, “se encuentra imposibilitada de volver a trabajar por su deterioro físico y psicológico”. Los informes del ISL no incluyen evidencias clínicas que descarten la relación entre sus secuelas y un posible síndrome de long Covid.
Oficios del INDH
El INDH solicitó al ISL detallar las dificultades que enfrentó la paciente durante su tratamiento, si debió costear exámenes o atenciones particulares, y cuáles fueron las pruebas médicas utilizadas para descartar la relación entre sus padecimientos y el Covid-19. También pidió esclarecer si su deterioro psicológico podría ser consecuencia de la sobrecarga laboral y el riesgo permanente de contagio durante la pandemia.
A la Seremi de Salud, el organismo le pidió pronunciarse sobre si las patologías de la mujer podrían constituir estrés postraumático derivado del contexto sanitario vivido entre 2020 y 2022, recordando que, conforme a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la salud implica un estado integral de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad.
El INDH advirtió que la situación de la exfuncionaria reviste “suma gravedad” y que su caso será seguido de cerca, considerando que podría evidenciar deficiencias estructurales en la gestión de enfermedades laborales post Covid-19 en el sistema público de salud.
