La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique que ordenó a la Tesorería General de la República (TGR) devolver $23.039.962 a una kinesióloga, tras considerar arbitraria e injustificada la retención aplicada sobre su indemnización laboral.
La profesional había ganado una demanda por despido injustificado, recibiendo una sentencia que le otorgaba $27.572.176 por concepto de lucro cesante, años de servicio, daño moral y feriados proporcionales. Sin embargo, el 4 de noviembre de 2024, la Tesorería retuvo parte del monto, argumentando la existencia de una deuda por Crédito con Aval del Estado (CAE).
La Corte de Iquique determinó que la medida fue ilegal y arbitraria, al no acreditarse la exigibilidad de la deuda ni la legalidad de la compensación, señalando además que la acción vulneró el derecho de propiedad de la afectada.
La Tesorería defendió su actuación argumentando que actuó conforme al artículo 6° del D.F.L. N°1 de 1994, que faculta a la institución a realizar compensaciones entre créditos y deudas del Estado. Sin embargo, la Corte Suprema ratificó la sentencia, señalando que el acto careció de justificación suficiente frente al carácter judicialmente reconocido de la indemnización.
El fallo se adoptó con un voto disidente del ministro Matus, quien consideró que la controversia debía resolverse mediante un procedimiento ordinario y que la compensación se ajustaba a derecho.
Con la resolución definitiva, la kinesióloga podrá recuperar la totalidad de su indemnización, marcando un precedente en la protección de derechos laborales frente a retenciones administrativas por deudas del CAE.
