El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca fortalecer las atribuciones de la Contraloría General de la República (CGR), permitiéndole iniciar sumarios administrativos incluso después de que los funcionarios hayan dejado su cargo, con el objetivo de reforzar la probidad y la transparencia en el sector público.
Según la iniciativa, la Contraloría podrá investigar a exfuncionarios hasta seis meses después del término de sus funciones, evitando que las renuncias o ceses de cargo impidan el desarrollo de procesos disciplinarios.
Además, el proyecto plantea que la CGR tendrá la facultad de requerir la remoción de autoridades, como alcaldes o gobernadores regionales, ante el Tribunal Calificador de Elecciones o los Tribunales Electorales Regionales, en casos de faltas graves al principio de probidad o abandono de deberes.
Otra de las modificaciones incluye ampliar el ámbito de fiscalización a corporaciones y asociaciones municipales y regionales, además de permitir a la Contraloría solicitar directamente información bancaria o financiera a las instituciones sujetas a control.
La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, destacó que la propuesta “responde al compromiso del Gobierno de fortalecer la integridad pública y la confianza ciudadana en las instituciones”.
El proyecto ya fue enviado al Congreso Nacional, donde comenzará su tramitación en las comisiones correspondientes antes de ser votado por ambas cámaras.
