La ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, abordó esta mañana el dictamen emitido por la Contraloría General de la República, que cuestiona el método utilizado para evaluar el impacto fiscal del proyecto de ley que crea el Fondo de Financiamiento Estudiantil (FES), actualmente en segundo trámite en el Senado.
Según la Contraloría, “los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios” debido a que no se ha configurado un derecho adquirido para los futuros beneficiarios.
Frente a estas observaciones, Vallejo relativizó el alcance del dictamen señalando que se trata de un “procedimiento administrativo”, y que corresponde al Ejecutivo explicar y defender los puntos del proyecto ante la Contraloría y en el marco de su tramitación legislativa.
La vocera enfatizó que, más allá de las consideraciones contables o normativas, el objetivo del Gobierno es claro: que la deuda estudiantil se desbancarice y que el Estado asuma un papel más activo en el financiamiento de la educación superior. “Esto implica no sólo aliviar la deuda con condonaciones completas o parciales, sino sacar el financiamiento de la banca privada”, indicó.
Por su parte, la Dirección de Presupuestos (Dipres) ya se encuentra trabajando en la respuesta formal a la Contraloría, mediante lo que se denominan “reposición de antecedentes”, de modo de justificar el diseño del proyecto y atender los señalamientos del organismo.
Con ello, el Gobierno mantiene su apuesta por que el FES sea un mecanismo estructural y estatal de financiamiento educativo, alejándose del modelo de crédito bancario, mientras el Senado continúa el debate legislativo del proyecto.
