El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso un recurso de nulidad en contra del fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique que absolvió al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI), y a otros involucrados en el caso “Cajas de Alimentos”.
El recurso fue ingresado a la Corte de Apelaciones de Iquique el pasado 5 de noviembre y en la acción judicial el CDE pide invalidar el juicio y que se ordene la realización de uno nuevo.
En detalle, el documento, redactado por la abogada procuradora del CDE María José Venegas, solicita anular el fallo que redactaron los jueces Marcos Soto Lecaros, Rodrigo Villar Bustamante y Arturo Fernández Vargas, por la acusación de fraude al Fisco en contra de Quezada; su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza; y la exconsejera regional, Daniela Solari (Ex RN).
También se incluye al director de finanzas, Jhonny Muñoz Cancino, y los empresarios gastronómicos Gabriel Diaz Duran, Rodrigo Vega Laferte, Ximena Ciudad Varela y Juan Ayala Brito, quienes fueron absueltos de cargos.
El CDE sostiene que los magistrados habiendo acreditado la participación de los acusados, emitieron una sentencia carente de lógica, con “falta de exposición clara, lógica y completa de los hechos; falta de valoración completa de los medios prueba y/o valoración parcial de éstos, acreditación de hechos que, producto de la infracciones cometidas en su valoración probatoria, alcanzaron para los sentenciadores dicha calidad, y, en general, falta a los principios de la lógica y de las máximas de la experiencia en sus razonamientos”.
Más en detalle en el recurso, la abogada Venegas indica que el tribunal desestimó el actuar concertado de los acusados y las conductas que estos tuvieron durante el proceso de adquisición de las cajas de alimentos.
En la acción judicial, se detalla que “se imputan una serie de hechos e irregularidades que daban cuenta en forma contundente y sustantiva, de un actuar concertado y fraudulento de los acusados, tanto funcionarios públicos como particulares, dirigido a desviar los procesos de compra de canastas familiares en beneficio mutuo y en perjuicio del Fisco de Chile”.
“No obstante, el fallo haciendo un análisis atomizado y parcelado del material probatorio rendido en el juicio -testimonial y documental-, violentando las normas de apreciación probatoria, establece que las numerosas inconsistencias y situaciones anómalas -advertidas incluso por funcionarios de la propia Intendencia, y posteriormente la Contraloría General de la República-, supuestamente consisten en ‘irregularidades administrativas‘ que no poseen relevancia a efectos penales por no estar relacionados con los restantes elementos de los ilícitos imputados”, indica el recurso de nulidad.
Dado lo anterior, el CDE acusa que en el fallo de los magistrados Soto, Villar y Fernández “se aprecia, por una parte, que el tribunal no entregó razones ni fundamento para efectuar una calificación como la que sostiene, y por otra, no relacionó los hechos que acredita (cambio del contenido de las cajas, de las fechas y resoluciones dictadas, descarte de mejores oferentes) con los otros elementos de la imputación penal, esto es, conductas de administración desleal, afectación de los términos de la licitación llamada de modo directo a satisfacerse, favorecimiento con dichos cambios respecto de los particulares relacionados y perjuicios generados”.
El recurso de nulidad del CDE fue remitido por el TOP de Iquique a la Corte de Apelaciones el pasado martes 4 de noviembre, quedando ingresado formalmente en la corte el miércoles 5 de noviembre.
Cabe mencionar que la acción judicial ocurre a un mes del fallo del tribunal en el “Caso Cajas de Alimentos”, respecto de los funcionarios públicos formalizados, cuya sentencia fue dada a conocer el pasado 3 de octubre.
A la fecha, ni los querellantes particulares ni el Ministerio Público habían interpuesto un recurso de nulidad a la sentencia del Caso Cajas de Alimentos.
La única acción judicial realizada tras el fallo había sido la interposición de dos recursos de apelación al pago de costas establecidas por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, ambos ingresados el 8 de octubre por los abogados Matías Ramírez (PC) y Enzo Morales (por separado), actuales candidatos a diputados por Tarapacá.
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