La Corte Suprema revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique y acogió un recurso de protección interpuesto por una residente del condominio Punta Cavancha, quien denunció afectaciones a su integridad psíquica por la presencia de personas en situación de calle en las cercanías de su vivienda.
La recurrente alegó que tras el fin de las restricciones sanitarias por la pandemia y el aumento de la migración, se produjo una ocupación irregular de espacios públicos en el borde costero, con la instalación de rucos o viviendas improvisadas que generan acumulación de desechos y actos considerados inapropiados.
En su defensa, la Municipalidad de Iquique y la Policía Marítima argumentaron que realizan operativos conjuntos de limpieza y fiscalización, aunque la Corte Suprema estimó que las medidas adoptadas no son suficientes ni permanentes, ordenando al municipio elaborar un plan integral de acción y seguimiento para enfrentar la problemática.
El máximo tribunal sostuvo que las municipalidades tienen responsabilidad directa en la administración y cuidado del espacio público, y que sus obligaciones son de carácter continuo y coordinado con otras entidades.
Asimismo, la sentencia determinó que la presencia prolongada de personas en situación de calle en el sector vulnera los derechos a la integridad física y psíquica y a la propiedad de los vecinos del condominio, instruyendo a la Municipalidad de Iquique a implementar medidas concretas y periódicas para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes del área.
