El Senado aprobó este lunes la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, por notable abandono de deberes, tras un extenso debate que se extendió durante toda la jornada.
Con esta decisión, el magistrado queda destituido de su cargo y no podrá ejercer funciones públicas por cinco años, de acuerdo con lo que establece la Constitución.
El libelo acusatorio, compuesto por tres capítulos, fue votado de manera separada. El primer capítulo, sobre el deber de reserva, fue aprobado con 44 votos a favor y 3 abstenciones; el segundo, referido a la falta de imparcialidad e inhabilitación, obtuvo 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones; mientras que el tercero, sobre intervención indebida en nombramientos judiciales, se aprobó con 30 votos favorables, 7 en contra y 8 abstenciones.
Durante el debate, los senadores coincidieron en la necesidad de restaurar la confianza en el Poder Judicial, en medio de los casos de corrupción que han afectado su credibilidad. El senador Iván Moreira precisó que la acusación “no busca juzgar fallos judiciales, sino actuaciones extrajudiciales”, mientras que Juan Luis Castro afirmó que el ministro “vulneró el deber de reserva y no se inhabilitó en causas donde debía hacerlo”.
Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena señaló que “la justicia es el último refugio de la ciudadanía y su legitimidad depende de la imparcialidad de quienes la ejercen”, y Fabiola Campillai recalcó que “la gente no quiere más abandono de deberes, quiere firmeza frente a la corrupción”.
El senador José Miguel Insulza sostuvo que la conducta del magistrado “no se condice con la función pública que debía cumplir”, mientras que Matías Walker votó solo a favor del primer capítulo, al considerar que “no se puede calificar al juez como corrupto”.
Otros parlamentarios, como Pedro Araya, Javier Macaya y Rojo Edwards, expresaron reparos al proceso, argumentando que la acusación podría vulnerar el principio de ‘non bis in idem’, aludiendo a que la Corte Suprema ya había sancionado administrativamente al juez.
La destitución de Ulloa se produce en el marco del llamado caso “trama bielorrusa”, que ha generado una profunda crisis institucional en el Poder Judicial, al involucrar a magistrados y abogados en presuntos actos de tráfico de influencias y corrupción.
