La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial de Chile (Anejud) lamentó la tragedia ocurrida el jueves en la Corte de Apelaciones de Arica, donde un funcionario fue abatido a tiros tras atacar con un cuchillo al administrador del tribunal, dejándolo gravemente herido.
En un comunicado, los trabajadores extendieron su “total solidaridad y apoyo incondicional al administrador que se encuentra hospitalizado, a su familia, y a la familia del funcionario fallecido”.
Además, indicaron que “lo ocurrido en Arica es la manifestación más extrema de una falla institucional en el cumplimiento del deber de cuidado y la salud integral de los trabajadores”.
En este contexto de crisis, Anejud ofició con carácter de urgente al Pleno de la Corte Suprema, solicitando una serie de medidas que son “vitales para la protección y el bienestar de los funcionarios” como la contención psicológica y tratamiento de trauma, apoyo integral y medidas laborales extraordinarias.
En el texto, los trabajadores del Poder Judicial pidieron “la activación inmediata de equipos especializados de contención y tratamiento de trauma para todos los y las funcionarias de Arica”.
Asimismo exigieron “garantizar el apoyo médico, psicológico y material irrestricto tanto para el administrador herido, su familia, y la familia del funcionario fallecido”.
Por último, solicitaron ordenar el teletrabajo extraordinario en la Corte de Apelaciones de Arica, manteniendo sólo turnos éticos, para resguardar la salud mental y dar espacio para la recuperación y el apoyo.
Investigación imparcial y revisión de protocolos
Respecto a la investigación al interior del tribunal de alzada, la asociación de trabajadores pidieron que se instruyera un sumario administrativo que “se centre en la posible omisión del deber de cuidado y la falta de gestión de riesgos psicosociales”.
También, requirieron la inhabilitación de la jurisdicción local y el encargo de la investigación a la Fiscalía de la Corte que preceda en antigüedad para asegurar la transparencia. Además, exigieron la modificación de “Matrices de Riesgo y Protocolo Ley Karin”.
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