El Senado dio un amplio respaldo al proyecto de ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles de comunicación personal en establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media. La iniciativa, que incorpora excepciones y fija deberes para toda la comunidad escolar, quedó lista para su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El texto establece que los estudiantes no podrán utilizar celulares ni otros dispositivos similares durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases. La regla se extenderá también a docentes y asistentes, salvo en los casos establecidos por la norma.
Las excepciones contempladas son:
- Necesidades educativas especiales donde el dispositivo actúe como ayuda técnica.
- Situaciones de emergencia, desastre o catástrofe.
- Enfermedades o condiciones de salud que requieran monitoreo por celular.
- Actividades curriculares o extracurriculares en que el uso del dispositivo resulte pedagógicamente útil (para básica y media).
- Solicitud fundada y temporal del apoderado por razones de seguridad personal o familiar.
Para educación media, los reglamentos internos podrán autorizar espacios y horarios específicos para el uso de celulares, considerando la autonomía progresiva del alumnado.
Derechos y deberes
El proyecto, originado en siete mociones parlamentarias refundidas, también establece responsabilidades para padres, madres y apoderados, quienes deberán supervisar el uso de estos dispositivos fuera del horario escolar y asumir consecuencias por su utilización indebida.
Asimismo, el sistema educativo deberá promover un uso seguro y responsable del contenido digital y de las tecnologías.
Aplicación y plazos
La normativa comenzará a regir desde el inicio del año escolar 2026. Los establecimientos tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos y adecuarlos a la nueva ley.
Además, en marzo de 2030, el Ministerio de Educación deberá presentar al Congreso una evaluación completa sobre la implementación de la medida, incluyendo efectos en convivencia escolar, rendimiento académico, bienestar socioemocional y brechas digitales.
Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara Baja para su tercer y último trámite legislativo.
