La directora regional de TECHO–Chile en Tarapacá, Valentina Zapata, expresó profunda preocupación por el desalojo inminente de las familias del sector Alto Molle, luego de que el tribunal acogiera un recurso de protección y ordenara la salida de todos los ocupantes durante el mes de enero.
En conversación con Radio Paulina, Zapata sostuvo que, si bien entienden que el fallo debe cumplirse, el desalojo no resuelve la crisis habitacional, sino que “solo la traslada”:
“Hoy día este desalojo no soluciona la problemática de la crisis habitacional, solamente la traslada. Y lo que nos preocupa es dónde se va a trasladar ese problema, porque son más de 600 familias”, advirtió.
La directora señaló que ninguna autoridad ha informado directamente a las familias cuál será el procedimiento, pese a que el fallo establece que deben garantizarse sus derechos y que la municipalidad debe habilitar albergues durante el proceso.
“Hasta el momento nadie se ha acercado a decirles qué va a pasar. Todos saben que el desalojo es inminente porque se han enterado por la prensa, pero no hay un plan de acción claro”, afirmó.
Zapata agregó que existen familias con niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, por lo que el procedimiento “debe ser acompañado, digno y con respaldo institucional”.
Preocupación por ausencia del Estado y limitaciones de las ONG
La directora recordó que muchas fundaciones dejaron de operar en campamentos tras el caso Convenios, lo que debilitó la presencia de apoyo social en zonas críticas. TECHO–Chile es hoy una de las pocas instituciones con trabajo permanente en estos territorios.
Actualmente, la organización trabaja solo en 12 comunidades de más de 63 campamentos de la región.
“Hay ausencia de Estado. Se ha fracasado en las políticas públicas destinadas a estas familias. No es posible que solo las ONG estemos llegando a campamentos catalogados como ‘zona roja’”, criticó Zapata.
También recordó que el convenio que mantenían con Serviu para diagnósticos socioterritoriales —clave para planificar intervenciones— se cerró tras el estallido del caso Convenios, lo que dejó a muchas comunidades sin información actualizada ni acompañamiento.
Incertidumbre ante el proceso y el escenario político
Para TECHO–Chile, el desalojo ocurre en un contexto de incertidumbre por el plan de emergencia habitacional y el proceso electoral, lo que podría retrasar aún más las soluciones.
“Hoy día es preocupante lo que pasa en campamentos porque miles de familias viven excluidas del acceso a información y servicios. Sabemos que en tres o cuatro años no habrá solución para todas, pero esto requiere un trabajo interministerial real”, enfatizó.
La organización llamó a las autoridades regionales y municipales a transparentar el plan de acción, informar directamente a las familias y coordinar una respuesta que cumpla con las garantías constitucionales exigidas por la justicia.
