La Sala del Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que modifica la Ley 18.695 de Municipalidades, con el fin de fortalecer la institucionalidad local en materia de seguridad pública y prevención del delito. La iniciativa incorpora nuevas obligaciones, regula atribuciones y define el rol de los directores de seguridad municipal.
Durante el debate, se remarcó que el objetivo es fortalecer el trabajo preventivo de los municipios, sin que ello implique transformarlos en una “nueva policía”. La discusión se retomó tras una sesión previa del 20 de noviembre, donde se revisó el texto legal y se presentaron indicaciones.
Entre las enmiendas aprobadas destacó la impulsada por la senadora Yasna Provoste, que establece la obligación de someterse a test de drogas para alcaldes y alcaldesas. En caso de un resultado positivo injustificado, la sanción será la pérdida del cargo.
El Senado también respaldó la propuesta del senador Esteban Velásquez, que amplía esta exigencia a los concejales, como parte de las medidas para elevar los estándares de probidad en las autoridades encargadas de la seguridad municipal.
Otra de las modificaciones relevantes es la regulación del sistema de televigilancia. El proyecto establece que las cámaras solo podrán registrar imágenes, prohibiéndose cualquier tipo de grabación de audio. Además, se precisa que la finalidad de estos medios tecnológicos debe ser exclusivamente la generación de alertas preventivas, resguardando derechos y limitaciones legales.
Próximos pasos
Todas las enmiendas aprobadas serán ahora revisadas por la Cámara de Diputadas y Diputados en tercer trámite. De persistir diferencias entre ambas cámaras, el proyecto podría pasar a una Comisión Mixta.
La iniciativa es considerada clave para mejorar la coordinación local en seguridad, incrementar las herramientas de prevención y modernizar la gestión municipal en un contexto de alta demanda ciudadana por mayor protección.
