Colectivos de mujeres, feministas y disidencias de Iquique y Alto Hospicio realizaron una declaración pública exigiendo que personas acusadas de violencia sexual no ocupen cargos públicos, en referencia a los hechos que involucran al alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira.
En su comunicado, las organizaciones condenan de forma categórica todos los tipos de violencia machista y señalan que la autoridad comunal no puede seguir en su cargo si es acusado de delitos como violación y agresión sexual. Agregan que su permanencia revictimiza a una comunidad ya afectada por la desigualdad y la falta de acción del Estado frente a la violencia de género.
Además, llaman a los medios de comunicación a evitar el sensacionalismo y a respetar la privacidad de las víctimas, exigiendo la aplicación de la Ley Antonia para proteger sus datos personales.
El comunicado también emplaza a la Justicia a no dilatar el caso y a aplicar la ley con enfoque de género y sin privilegios. “El tiempo de respuesta impacta directamente en la sensación de inseguridad y desconfianza de las víctimas y sus familias”, declaran.
Finalmente, enfatizan que la falta de formalización solo perpetúa el uso abusivo del poder y que no es aceptable que hombres en posiciones de autoridad vulneren emocional y físicamente a mujeres.
La declaración está firmada por la Coordinadora Feminista y Disidente Tarapacá y la Kolectiva Kullallas, quienes concluyen con un llamado enfático: “Agresores de mujeres, fuera de cargos públicos”.
