La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó los cambios introducidos por el Senado al proyecto de ley que regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales, dejando la iniciativa lista para su promulgación por el Ejecutivo. La medida comenzará a regir a partir del año escolar 2026.
El texto establece que los dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, como celulares y tablets, no podrán ser utilizados en salas de clases de educación básica y media. Esta prohibición busca reducir la distracción en el aula, mejorar la concentración y fomentar la interacción social entre estudiantes.
¿Qué excepciones considera?
El uso de dispositivos estará permitido en casos específicos:
- Necesidades educativas especiales, cuando el dispositivo sea una ayuda técnica para el aprendizaje (con certificado profesional).
- Emergencias, desastres o catástrofes.
- Enfermedades o condiciones médicas que requieran monitoreo digital (con certificado médico).
- Actividades curriculares o extracurriculares que requieran el uso del dispositivo (previa autorización del director).
- Solicitudes fundadas de apoderados, por motivos de seguridad, de forma temporal.
Aplicación y fiscalización
Será la Superintendencia de Educación la encargada de fiscalizar la implementación, mediante instructivos y guías para regular el uso de estos dispositivos. Además, se exigirá que los establecimientos actualicen sus reglamentos internos antes del 30 de junio de 2026.
En el caso de educación media, los colegios podrán definir horarios y espacios específicos donde se permita el uso, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes.
La norma también promueve instancias de formación sobre el uso responsable de tecnologías, así como campañas informativas anuales impulsadas por el Gobierno. En 2030, el Ministerio de Educación deberá presentar una evaluación de los efectos de esta política.
Reacciones
Desde el Congreso, se valoró el avance en materia de convivencia escolar, salud mental y rendimiento académico. Sin embargo, algunos parlamentarios criticaron la amplitud de la prohibición, al incluir también a profesores y asistentes de la educación, y señalaron que parte de la responsabilidad educativa sobre el uso de dispositivos recae en las familias.
