Este martes, el Concejo Municipal de Alto Hospicio fue suspendido de manera abrupta, provocando indignación entre vecinos y vecinas que se autoconvocaron por redes sociales para protestar por la gestión del alcalde Patricio Ferreira y recientes decisiones administrativas, como la degradación del exadministrador Osvaldo Zenteno.
La situación se tensó aún más luego de que el edificio municipal cerrara sus puertas a la atención de público. Según trascendió, la orden de cierre fue dada por Jorge Carrasco, director de Seguridad Municipal, medida que impidió el ingreso de ciudadanos al recinto pese a tratarse de una jornada de sesión ordinaria.
El concejal Tomás Soto denunció que fue silenciado al intentar participar en la sesión, que se realizó brevemente vía Zoom. “Me conecté, no pasaron ni dos minutos y me mutean. Quería preguntar por la supuesta fuerza mayor que justificó el cambio de modalidad, pero el alcalde y el secretario cerraron la sesión sin dejarme hablar. Vamos a pedir las grabaciones y acudir a Contraloría”, declaró a Radio Paulina.
A su vez, el concejal José Luis Astorga criticó la decisión de sesionar virtualmente sin aviso formal adecuado. “Estábamos los seis concejales en la sala desde temprano. No vino el alcalde ni el secretario municipal. Todo esto raya en la ilegalidad. El alcalde cambia la modalidad a última hora sin justificación. Esto afecta el normal funcionamiento del concejo, teníamos que discutir subvenciones y propuestas”, señaló.
Vecinos y dirigentes también protestaron por la degradación de cargos de varios funcionarios y la falta de explicaciones. Astorga advirtió que ya se están tomando medidas administrativas y legales para esclarecer la legalidad de estos cambios.
La jornada terminó con un ambiente de tensión y reclamos ciudadanos frente al municipio, exigiendo transparencia, participación y respeto institucional.
El escenario se enmarca además en la compleja situación judicial que enfrenta el alcalde Patricio Ferreira, quien actualmente es investigado por el Ministerio Público por una presunta agresión sexual. A esa causa se suman otras cuatro denuncias presentadas por mujeres, relacionadas con hechos de la misma connotación, lo que ha incrementado la presión política y social sobre la autoridad comunal.
