Una investigación dirigida por la Unidad de Género de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, en conjunto con la sección OS9 de Carabineros, permitió la detención y formalización de un imputado que ejercía maltratos reiterados contra sus hijos, provocándoles lesiones e incluso desnudamientos forzosos.
La fiscal Camila Albarracín informó que “a propósito de una denuncia realizada en octubre de este año por funcionarios de un establecimiento educacional de la comuna, y que fue recogida por la Unidad de Género, se realizaron diligencias investigativas a cargo de la fiscal Virginia Aravena, en conjunto con el OS9, logrando determinar la existencia de maltratos en contra de un niño de 14 años y su hermana de 12”.
Con los antecedentes reunidos, se identificó al autor como el padre de las víctimas, un hombre de iniciales H.C.B., venezolano de 38 años, gestionándose una orden de entrada y registro a su domicilio, la cual se concretó el viernes 5 de diciembre.
En la audiencia de formalización, la fiscal Albarracín expuso dos episodios acreditados mediante el relato de las víctimas. El primero ocurrió el 26 de octubre de 2025, cuando el imputado golpeó con una correa a su hija de 12 años por retirar una compota del refrigerador y luego agredió a su hijo de 14 años por un supuesto mal comportamiento.
El segundo hecho, registrado el 28 de octubre, ocurrió cuando el imputado reaccionó ante una acusación de sustracción de dinero, instancia en la que tomó un cuchillo y cinta adhesiva, causó un corte en la mano derecha de la menor y la golpeó nuevamente con una correa, además de obligarla a desvestirse parcialmente e inmovilizarla con cinta adhesiva. Ambos niños resultaron con lesiones leves y menos graves, consistentes en contusiones, hematomas y heridas.
El imputado fue formalizado por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y abuso sexual, decretándose su prisión preventiva al considerar el tribunal que su libertad constituye un peligro para las víctimas y la sociedad.
Se fijó un plazo de investigación de 90 días y, por instrucción del Tribunal de Familia, ambos menores fueron trasladados a una residencia de protección, quedando bajo el monitoreo de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Tarapacá.
