La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes las enmiendas del Senado y despachó a ley el proyecto que moderniza la institucionalidad de seguridad municipal, reforzando el rol preventivo de los municipios y estableciendo nuevas herramientas tecnológicas y de coordinación para la prevención del delito.
La iniciativa —contenida en los boletines 15.940 y 15.984— incorpora un nuevo marco regulatorio que define con precisión las funciones de las municipalidades en materia de seguridad pública, fijando principios, ámbitos de aplicación y obligaciones de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública.
Entre las principales novedades se encuentran la elaboración obligatoria de estrategias comunales de prevención, basadas en criterios técnicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, así como la facultad de los gobiernos regionales de apoyar financieramente la ejecución de los planes locales.
El proyecto también regula por primera vez el rol del director o directora de seguridad comunal, quien deberá coordinar acciones preventivas, orientar a la comunidad y colaborar en la atención de víctimas.
Nuevas tecnologías y estándares de operación
La norma habilita el uso de nuevos instrumentos tecnológicos para reforzar la labor municipal, como sistemas de televigilancia, drones, luminarias inteligentes y plataformas de análisis de datos. Estas herramientas deberán operar exclusivamente con fines preventivos y bajo estrictos estándares de tratamiento de información.
Asimismo, las imágenes captadas por sistemas municipales deberán registrarse ante el Ministerio Público y Carabineros, con el fin de asegurar una coordinación operativa adecuada. También se regula el uso de aplicaciones y sistemas de alerta ciudadana implementados por privados, que ahora deberán cumplir la ley de compras públicas.
El texto modifica la composición y atribuciones de los Consejos Comunales e Intercomunales de Seguridad Pública, incorporando a nuevas instituciones —como la Seremi de Seguridad— y reforzando su deber de coordinación con Carabineros, emergencias y organismos territoriales.
El plan comunal de seguridad, además, deberá ajustarse a las características particulares de cada comuna, considerando su población, territorio, presupuesto y problemáticas específicas. Podrá incluir acciones de rehabilitación por consumo problemático, mejoramiento urbano y medidas de apoyo a víctimas.
Regulación de organizaciones comunitarias y protección para funcionarios
La iniciativa también establece requisitos estrictos para organizaciones vecinales vinculadas a labores de prevención: ninguno de sus integrantes podrá tener condenas por violencia intrafamiliar ni sanciones por la Ley de Seguridad en los Estadios. Además, se prohíbe explícitamente el porte de armas y cualquier forma de autotutela.
Asimismo, el proyecto permite que los funcionarios municipales de seguridad cuenten con elementos de protección y dispositivos defensivos no letales, regulados mediante un reglamento específico, sin reemplazar funciones policiales.
Durante el debate, parlamentarios de distintos sectores destacaron que la nueva ley responde a una demanda creciente de los municipios por contar con mayores herramientas para enfrentar los desafíos de seguridad, especialmente a nivel local. También se subrayó la importancia de aumentar recursos y profesionalizar los equipos municipales para mejorar la prevención del delito en todo el país.
