En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda el primer informe bienal del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, la primera política estatal destinada a esclarecer la desaparición forzada de personas durante la dictadura y garantizar verdad, memoria y reparación para sus familias.
Durante la presentación del documento —el primero desde la creación del plan en 2023— el Mandatario destacó la relevancia histórica del trabajo desarrollado. “Pude constatar todas las acciones realizadas y la consolidación de esta política inédita para el Estado de Chile”, afirmó Boric, recalcando que la búsqueda debe ser una tarea permanente: “Esta es una responsabilidad que nos compete como país y que debe proyectarse en el tiempo”.
El informe detalla avances significativos, entre ellos la elaboración de una nómina única de víctimas de desaparición forzada, un mapa georreferenciado de trayectorias, la realización de 157 diligencias en terreno —muchas de ellas junto a familiares—, la creación del Archivo Nacional de la Memoria y la promulgación de la ley que establece la categoría jurídica de ausente por desaparición forzada.
En la audiencia participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; el director del INDH, Yerko Ljubetic; además de representantes de organizaciones de familiares y espacios de memoria. Entre ellos asistieron Gaby Rivera (AFDD), Alicia Lira (AFEP), Erika Hennings (Londres 38), Lidia Casas (UDP), Daniela Accatino (UACh), Juan Carlos Chávez (Colectivo 119) y Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos responsable de la ejecución del plan.
El ministro Gajardo destacó que “este primer Informe Bienal sintetiza un trabajo de implementación que, por primera vez, el Estado de Chile realiza de manera integral, sistemática y permanente en reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada y sus familias”.
Desde el Gobierno señalaron que el documento servirá para transparentar resultados, fortalecer la coordinación institucional y orientar los desafíos pendientes en una política pública que busca responder a una deuda histórica que supera cinco décadas.
