Tras el fallecimiento de una mujer al interior de una peluquería en el sector centro de Iquique, el director de Obras Municipales, Sergio García, atribuyó el derrumbe de la edificación a una grave falla en el sistema constructivo, asegurando que la obra no cumplía con las normas básicas de seguridad.
En conversación con Radio Paulina, la autoridad explicó que, tras inspeccionar el lugar, se constató que la losa del inmueble estaba apoyada sobre una estructura de madera en mal estado, situación que calificó como inusual dentro de su experiencia profesional.
García indicó que el sector donde ocurrió el colapso registra múltiples denuncias y fiscalizaciones previas, precisando que el origen del derrumbe no se relaciona con una falta de control municipal, sino con la deficiente ejecución de la obra.
El director detalló que, incluso en construcciones levantadas sin autorización, normalmente se respetan criterios mínimos de seguridad, como el uso de hormigón o estructuras metálicas, lo que en este caso no ocurrió. Según explicó, las vigas de madera estaban vencidas por el peso que soportaban, lo que finalmente provocó el colapso.
Respecto del rol fiscalizador del municipio, García señaló que la Dirección de Obras Municipales históricamente operaba principalmente a partir de denuncias ciudadanas, sin embargo, en los últimos años el modelo ha evolucionado hacia una fiscalización más activa y permanente, en coordinación con otras unidades municipales.
En ese contexto, confirmó que cualquier vecino puede denunciar construcciones irregulares, precarias o que invadan espacios, lo que permite activar procesos de inspección y eventuales sanciones cuando corresponde.
No obstante, reconoció que no todas las construcciones ilegales logran ser fiscalizadas, debido a la alta cantidad de obras irregulares existentes, aunque aseguró que actualmente existe un mayor nivel de control en comparación con años anteriores.
En relación con las edificaciones que cuentan con órdenes de demolición, el director de Obras explicó que la principal dificultad radica en que su unidad no tiene facultades ejecutoras, sino únicamente fiscalizadoras.
Añadió que intentos previos de licitar estos trabajos no prosperaron, ya que empresas privadas evitan asumir este tipo de intervenciones por los conflictos que generan con terceros. Ante este escenario, el municipio se encuentra trabajando para que unidades operativas internas puedan ejecutar las demoliciones ordenadas por los tribunales, con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a las sentencias pendientes.
