En nuestro país hace cinco años en el marco de Ley Nº 21.282, cada 19 de diciembre se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio. Esta fecha se escogió en memoria de Javiera Neira Oportus, asesinada por su padre en 2005, cuando tenía seis años, en contexto de violencia contra su madre.
La región de Arica y Parinacota no es ajena a este contexto en el que sin solicitarlo, muchas mujeres forman parte. Fue así que mediante una representación artística protagonizada por dos profesionales del cesfam Rosa Vascopé, se realizó esta conmemoración pública en pleno Paseo 21 de Mayo con el fin de sensibilizar a la comunidad y entregar información relacionada.
“Este es un acto de memoria, de respeto y de compromiso por las mujeres que ya no están y las que aún viven violencia. Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hemos asumido la responsabilidad de enfrentar esta realidad con decisión, lo que se ha demostrado a través de la nueva Ley Integral, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ninguna ley es suficiente si no va acompañada de voluntad, escucha y un compromiso real de toda la sociedad. No podemos aceptar la violencia como parte de la convivencia cotidiana porque vivir una vida libre de violencia no es un privilegio, es un derecho”, enfatizó la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Ángela Meza Ríos.
La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Camila Roberts Azócar, destacó la ley de Reparación a víctimas de femicidio y sus familias, promulgada en 2003, la que establece un sistema de protección y reparación integral, incluyendo pensiones mensuales para hijos e hijas menores de 18 años, acceso preferente a beneficios sociales y fuero laboral por un año para sobrevivientes de intentos de femicidio.
“En la región, contamos con el Centro de las Mujeres de Arica, espacio del SernamEG que entrega acompañamiento social, legal y psicológico a mujeres víctimas de violencia de género. También aprovecho de recordar el número 1455, el fono orientación que es gratuito y confidencial para mujeres que sufren violencia”, detalló la directora regional.
A nivel nacional, en 2025 se han registrado 40 femicidios consumados, 274 femicidios frustrados y 57 femicidios tentados. En nuestra región, se han constatado 2 femicidios consumados, 5 frustrados y 1 tentado.
Sobre la legalidad del femicidio
El reconocimiento del femicidio a nivel social y legal fue impulsado de forma muy decisiva por las organizaciones de mujeres y movimientos feministas del país, destacando el trabajo desarrollado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la Coordinadora 19 de diciembre, la Fundación Antonia, entre otras.
En el año 2020, la Ley 21.212, también conocida como Ley Gabriela, amplía el reconocimiento al femicidio íntimo de pareja y no íntimo (todo asesinato de mujeres y niñas por razón de su género). Y hace sólo dos años, se produce un nuevo avance con el reconocimiento penal del delito de inducción al suicidio y suicidio femicida a través de la Ley N° 21.523 de diciembre de 2022, también conocida como ley Antonia.
En abril de 2023, el Gobierno promulgó la Ley 21.565 de Reparación a víctimas de femicidio y sus familias. En diciembre de ese año, se comenzaron a entregar las primeras pensiones a niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres producto de femicidios, una de las medidas que incorpora esta norma. A noviembre de este año, ya se han concedido 206 pensiones a menores de 18 años hijos e hijas de víctimas de femicidio. En nuestra región, se han entregado pensiones en dos casos de femicidos consumados.
Esta normativa, además establece que las víctimas de femicidio frustrado o tentado, cuentan con un fuero laboral desde el momento del hecho y hasta un año después. Se puede solicitar la adecuación temporal de las funciones laborales durante ese tiempo. Esto garantiza la protección y reparación de las víctimas sin poner en riesgo su trabajo.
En marzo de 2024 se aprobó -luego de 7 años de tramitación- la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la que entre otros aspectos permite: mejorar la fiscalización de las medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia; fortalecer el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas para llegar antes y más rápido; incorporar a niños y niñas como víctimas y no sólo como testigos de la violencia de género; y contar con un sistema de gestión integral de casos que posibilita tener más información y mejor articulación entre las distintas instituciones que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, además de evitar la revictimización.
