La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados comenzó a analizar un proyecto de ley que busca incorporar la prevención del abuso sexual infantil dentro de los programas de educación sexual de niñas, niños y adolescentes (NNA).
La iniciativa, impulsada por las diputadas Emilia Schneider y Camila Rojas, propone modificar la Ley 20.418, sobre información en materias de fertilidad. La idea es ampliar el programa de educación sexual integral a todo el ciclo educativo.
El objetivo es propender a la entrega de información sobre sexualidad, afectividad y género, de acuerdo al nivel educativo, edad y grado de desarrollo. Todo basado en evidencia científica actualizada y con especial foco en la prevención del abuso sexual infantil.
De acuerdo a lo explicado por la diputada Schneider, la propuesta mantiene que la implementación considere el proyecto educativo del establecimiento. Junto a esto, establece la importancia de considerar el trabajo con centros de madres, padres y apoderados sobre la materia.
Antecedentes de abuso sexual infantil
En la presentación, la parlamentaria citó un estudio de la Defensoría de la Niñez. Aquí se destacó que la “falta de educación sexual” aparece como principal preocupación de NNA, en 2024, con 41,5%.
También expuso datos del Ministerio Público sobre delitos ingresados vinculados a explotación sexual de NNA, tanto físicas como digitales. Sobre el punto se alertó respecto del aumento de casos en este ámbito, de 1.913, en 2022; a 2.056, en 2023; y 2.877, en 2024.
Además, se argumentó que la Ley 21.430, de garantías de la niñez, incluye la necesidad de garantizar una educación sexual y afectiva integral a NNA. Por lo tanto, el objetivo de la moción va en la misma dirección de lo mandatado por la legislación actual.
Respaldo a la propuesta
En la sesión participaron la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; las ministras de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y de Desarrollo Social, Javiera Toro. Las autoridades de Gobierno coincidieron en que la norma va en la dirección correcta.
Señalaron que prevenir el abuso sexual infantil es posible, aunque complejo, porque suele ocurrir en círculos cercanos y de confianza. Por tanto, se requiere que tengan herramientas de autocuidado y redes de apoyo.
Asimismo, destacaron que una educación adecuada a la edad mejora la capacidad de niñas y niños para reconocer situaciones de riesgo. Por ejemplo, el ser capaces de nombrar partes del cuerpo y pedir ayuda, lo que facilita la protección y la persecución penal.
Por su parte, las y los diputados valoraron que la propuesta considere contenidos acordes a la edad de NNA. Así, también, que respete el programa educativo del establecimiento e incluya a las familias. Junto a esto, solicitaron a la Biblioteca del Congreso una recopilación de ejemplos de cómo se ha reducido el abuso sexual infantil en el mundo.
Deudas previsionales
Luego, la instancia analizó el estado de pago de la deuda previsional de trabajadoras y trabajadores traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Sobre la materia, expuso la subsecretaría Arratia. Además, participó la presidenta de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación (AEFEN), Yasna Sánchez, junto a otros representantes de trabajadores.
El Ejecutivo explicó que, con autorización de la Dirección de Presupuestos, el ministerio puede pagar deuda previsional. Esto, a través de descuentos del Fondo Común Municipal, lo que permitiría restituir los recursos.
La presentación precisó que el mecanismo abarca cotizaciones previsionales, deudas por descuentos voluntarios y, de manera facultativa, remuneraciones impagas.
Sin embargo, también informó que la aplicación de esta modalidad detectó brechas operativas, por lo que se aprobó un protocolo estandarizado para su ejecución. Igualmente, se consideran ajustes para abordar casos específicos y evaluar mecanismos de descuento, incluyendo recursos del royalty minero.
Entre los municipios más complejos mencionaron a Ancud, La Serena, Lota, Cerro Navia, Máfil, Quellón y Quinchao, con un total de $146.353.407.288.
Asistentes de la educación
Desde AEFEN se expuso que persisten deudas previsionales de arrastre heredadas, con lagunas prolongadas y daño en el patrimonio individual. Además, se advirtió del impacto en las jubilaciones, pensiones, licencias médicas y cobertura de salud, a lo que se suma incertidumbre sobre la seguridad social a futuro.
La organización solicitó un catastro nacional actualizado y público de la deuda previsional, con datos por SLEP, período adeudado y número de personas afectadas. Asimismo, pidió informar razones de la falta de regularización y presentar medidas, plazos y financiamiento para el pago total de la deuda.