La Comisión de Gobierno Interior inició la votación en particular del proyecto que amplía las facultades de la Contraloría General de la República. Entre estas, la norma regula la facultad para la apertura de cuentas institucionales por parte del ente fiscalizador.
La iniciativa está originada en dos mociones parlamentarias y en un mensaje del Ejecutivo refundidos. El texto propone fortalecer el rol del organismo fiscalizador y modernizar las normas de responsabilidad y de probidad en el sector público.
En ese contexto, durante la última jornada, el debate abordó las sanciones administrativas y medidas disciplinarias para los funcionarios que incumplan disposiciones legales.
Además, el grupo parlamentario acordó el mecanismo de apertura de cuentas institucionales por parte del organismo fiscalizador. En tal sentido, la instancia determinó que la posibilidad de su levantamiento, para la revisión de saldos y movimientos contables, será solo para las cuentas bancarias institucionales y no para cuentas personales.
La norma refuerza la transparencia del sistema financiero público, al facultar a la Contraloría para acceder de manera directa y periódica a la información bancaria de las instituciones del Estado. De este modo, se fortalecería la lucha contra la corrupción y el mal uso de fondos públicos.
En los fundamentos de la iniciativa se plantea que, el acceso directo de la Contraloría a la información bancaria permitirá recibir los datos de manera oportuna, sin intermediarios, asegurando su integridad y fidelidad. Esto será de especial importancia en procesos sensibles, como el pago de remuneraciones o a proveedores.
Facultades de la Contraloría General de la República
La propuesta en debate busca fortalecer el rol del organismo y modernizar las normas de responsabilidad y probidad en el sector público chileno, estableciendo facultades fiscalizadoras y disciplinarias.
De esta forma, el proyecto forma parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), lanzada en 2023, que busca construir una cultura de integridad transversal en el Estado.
También se enmarca dentro de una agenda legislativa anticorrupción del gobierno actual, junto con leyes ya promulgadas como: Estatuto de Protección al Denunciante (Ley 21.592), Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595), Modernización de Compras Públicas (Ley 21.634), Transparencia Financiera del Estado (Ley 21.683) y Creación del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (Ley 21.769).
La comisión continuará con la votación en la próxima sesión para lograr su despacho a la Sala antes de fines de enero.