La Contraloría General de la República (CGR) informó que durante el periodo 2025 se identificaron 35 casos de personas con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad desempeñando funciones en instituciones públicas, que implican una relación directa y habitual con niños, niñas o adolescentes incumpliendo la normativa vigente y comprometiendo la protección de derechos fundamentales.
En un nuevo consolidado de información circularizada de la entidad se revela que, entre 2020 y agosto del año pasado, hubo 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores que ejercieron o ejercen cargos con contacto directo y habitual con estos. En total, 72 instituciones del Estado contrataron personas inhabilitadas.
La Contraloría recordó que la normativa establece inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores, obligación que las instituciones deben verificar mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación.
Ante estos antecedentes, se instruyó a las entidades involucradas dar inmediato cumplimiento a la normativa, considerando para ello además la normativa referida a los nombramientos inhábiles que establece la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado e iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y reportar las acciones en un plazo máximo de cinco días hábiles.