La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece un reajuste general de remuneraciones para las y los trabajadores del sector público que llegará a junio de este año a un 3,4%, así como un amplio conjunto de otros beneficios y normas misceláneas.
El proyecto, enviado a segundo trámite, contempla una primera alza retroactiva del 2,0%, al 1 de diciembre de 2025. Aplicará a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones o no imponibles, de las y los trabajadores del sector público. Luego, a contar del 1 junio de 2026, se otorgará un reajuste de un 1,4%, para llegar así al 3,4% de reajuste total mencionado.
La propuesta también establece una serie de beneficios económicos para el sector activo y pasivo. Muchos de ellos se definieron a través de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público. Adicionalmente, se incorporan normas que vienen a dar cumplimiento a compromisos con el Parlamento, relacionados con la Ley de Presupuesto 2026. Asimismo, se incluyen diversas normas de gestión y administración del Estado, entre otros puntos.
Según el informe financiero, el proyecto, en su conjunto, presenta un costo fiscal de casi 1,6 billones de pesos, incluyendo el pago retroactivo de 2025. Del monto total, poco más de $838 mil millones corresponden al reajuste propiamente tal. A esto se proyecta un gasto de 1,14 billones para el año 2027.
El gasto se financiará con los recursos contemplados en la Ley de Presupuesto para el Gasto en Personal. En lo que falte, se financiará con reasignaciones presupuestarias. Asimismo, se utilizarán provisiones radicadas en la Partida Presupuestaria del Tesoro Público.
El reajuste impactará a más de 951 mil personas, en tanto que los bonos llegarán a poco más de un millón 190 mil personas del sector activo. Ahora, los beneficios para el sector pasivo beneficiarán a más de 3,1 millones de personas.
Otros puntos del proyecto de reajuste
Dentro de sus normas misceláneas, la propuesta contempla variados temas que concitaron un amplio apoyo. Entre ellos están:
- Postergación del reavalúo de bienes raíces.
- La rebaja de contribuciones a predios usurpados.
- Eximir del impuesto verde a los vehículos de la PDI.
- Extensión del fondo para la reconstrucción de Valparaíso.
- Incentivos al retiro en distintas instituciones.
- Asignación para el personal de guardaparques.
Ahora, por el contrario, hubo disposiciones que marcaron un mayor debate. Algunas de ellas dicen relación a la regulación del teletrabajo, que vio eliminada una de sus normas referente a la comunicación del jefe de servicio a la Dipres y posterior impedimento para la implementación de la medida.
Otra norma que se aprobó, que fue parte de las discusiones, fue la que ordena al personal de asesoría directa de la Presidencia, ministerios y de Gobierno, a renunciar a sus cargos, a más tardar, al 11 de marzo de 2026. La medida no aplicará a los nombrados en cargos de planta o a contrata con anterioridad al 11 de marzo de 2022.
Discusión del proyecto
La mayoría de los argumentos apoyaron el reajuste propiamente tal. Valoraron el acuerdo con la Mesa del Sector Público y resaltaron la necesidad de mantener los salarios de las y los funcionarios. Asimismo, respaldaron la entrega de otros beneficios, como los aportes a bienestar y bonos de escolaridad. También valoraron las medidas para el sector pasivo, como el bono de invierno y los aguinaldos.
En la bancada republicana se estimó improcedente apoyar el proyecto en su conjunto, estimando que no existe claridad sobre el financiamiento de la ley. Dicho argumento también lo levantaron legisladores de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y Partido Social Cristiano. Sin embargo, desde estos sectores se anunció apoyo a materias como el reajuste y a beneficios específicos para adultos mayores y contribuciones, entre otros.
Igualmente, se criticaron las disposiciones referidas a las contratas, las cuales llamaron “normas de amarre”. Según plantearon, la medida busca que permanezcan en el Estado personas incorporadas en la actual administración y que tienen un perfil político, pasando a llevar la carrera funcionaria, como expuso la Contraloría.
Diputados/as asociados/as al oficialismo y el Gobierno defendieron con fuerza la norma. Se resaltó que busca dar estabilidad y evitar despidos injustificados. Recordaron también que las personas de cargos de confianza del Gobierno deberán abandonar el Estado, a más tardar, el 11 de marzo. En este contexto, la DC dijo apoyar un periodo de cinco años base para apelaciones por despidos injustificados.
Respecto del teletrabajo, muchos opinaron que es preciso crear una ley específica para el sector público. De hecho, una crítica amplia, que cruzó los sectores políticos, apuntó a que este proyecto considere tantas y tan diversas materias, dificultando el diálogo y la formación de consensos. Asimismo, se sostuvo que muchos de los temas debieron abordarse con mayor detención en las comisiones técnicas, por separado y con tiempo.
Votaciones y resultados
El proyecto se aprobó en su idea de legislar por 94 votos a favor y 35 en contra, en lo referente a sus normas sin quórum especial. Luego, las disposiciones con quórum se rechazaron por no alcanzar el mínimo de aprobación de 76 votos favorables, tras registrarse 68 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones. Seguidamente, se efectuaron más de 70 votaciones para sancionar el articulado. En su gran mayoría, dichas normas se aprobaron.
Entre la quincena de norma rechazadas estuvo el artículo que regulaba el tema de las desvinculaciones de las contratas y los procedimientos para apelar en caso que estas fueran injustificadas. También se rechazó el punto mencionado más arriba sobre el teletrabajo y una modificación en torno a la entrada en vigencia de doce SLEP.
Además, no prosperaron la ampliación de giro que se propiciaba para Correos de Chile y Enap, ni la creación de un juzgado de policía local en Calama. Tampoco se aprobó una autorización para los gobiernos regionales de financiar proyectos de inversión regional en empresas del Estado, ni normas puntuales relacionadas a municipalidades, empresas eléctricas, Comisión para el Mercado Financiero, entre otros temas.