La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una reforma constitucional que busca incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, iniciativa que fue despachada a segundo trámite constitucional en el Senado.
El proyecto tiene como objetivo reconocer el rol estratégico de Gendarmería en la seguridad pública, otorgándole funciones similares a las de Carabineros y la Policía de Investigaciones, y estableciendo que la institución pase a depender del Ministerio de Seguridad Pública.
La reforma también dispone que el ingreso a las plantas de Gendarmería se realizará exclusivamente a través de sus escuelas institucionales, con excepción de los escalafones profesionales y empleados civiles que determine la ley. Además, los nombramientos, ascensos y retiros de oficiales deberán efectuarse mediante decreto supremo.
El texto aprobado ordena al Presidente de la República enviar, en un plazo de 12 meses, un proyecto de ley para crear un servicio especializado en reinserción social, separando estas funciones de las labores de custodia y seguridad penitenciaria. Mientras dicho servicio no exista, Gendarmería continuará a cargo de la reinserción, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, la reforma establece la disolución de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, medida que generó uno de los principales puntos de controversia durante el debate. La Sala rechazó una norma que buscaba exceptuar a los funcionarios civiles y también eliminó una disposición que garantizaba explícitamente el resguardo de los derechos adquiridos.
Debate dividido
La discusión parlamentaria evidenció posiciones divididas. Quienes respaldaron la iniciativa señalaron que la reforma fortalece a Gendarmería y la convierte en un pilar clave en el combate contra el crimen organizado, destacando la separación de funciones y el carácter jerárquico de la institución.
En contraste, parlamentarios que votaron en contra advirtieron una pérdida de derechos para los funcionarios, cuestionando especialmente la eliminación de las asociaciones gremiales y la falta de mayor profundidad en el debate.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió la reforma, asegurando que no habrá privatización de la institución ni perjuicio en las remuneraciones del personal, señalando que el cambio “alinea el estatuto jurídico de Gendarmería con funciones que ya ejerce”.
La idea de legislar fue aprobada por 88 votos a favor, 16 en contra y 14 abstenciones.