Las fuentes de financiamiento, el impacto presupuestario y la capacidad del Estado para enfrentar emergencias futuras concentraron las principales dudas durante la revisión del proyecto que otorga el reajuste general de remuneraciones al sector público, junto con aguinaldos, bonos y otros beneficios.
El debate se dio en la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por la senadora Ximena Rincón, instancia que continuó el análisis del proyecto previo a su despacho legislativo.
La iniciativa propone un reajuste total del 3,4%, aplicado de forma escalonada: un 2,0% retroactivo a diciembre de 2025 y un 1,4% adicional en junio de 2026, además de aguinaldos, bonos y disposiciones asociadas a la denominada “ley de amarre”.
Durante la sesión expuso la Contraloría General de la República, cuya titular, Dorothy Pérez, cuestionó la norma vinculada a las contratas, señalando que contraviene el Estatuto Administrativo, al alterar el carácter transitorio de estos cargos y afectar la carrera funcionaria.
Además, advirtió que el informe financiero del proyecto no cuenta con información detallada suficiente para validar la proyección total del gasto, especialmente en materias como aguinaldos y bonos, debido a la falta de datos sobre beneficiarios y tramos de remuneraciones.
En la misma línea, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, explicó que el financiamiento del reajuste para 2026 se apoyará principalmente en reasignaciones presupuestarias y uso de provisiones, advirtiendo una brecha estimada de US$941 millones, equivalente al 0,26% del PIB.
Benavides alertó que el menor margen disponible podría limitar la capacidad del Estado para responder a emergencias y contingencias, recomendando que la Dirección de Presupuestos detalle con claridad las fuentes de financiamiento.
Llamado a una reforma más profunda
Durante la sesión también intervinieron organizaciones de funcionarios y representantes municipales, quienes expresaron preocupación por errores en los cálculos de pagos, la falta de consulta al mundo municipal y el impacto que algunos beneficios podrían tener en los presupuestos locales.
Desde distintos sectores se reiteró la necesidad de avanzar hacia una reforma integral al empleo público, señalando que el actual proyecto mantiene soluciones parciales que podrían generar nuevas distorsiones en el sistema.
La Comisión de Hacienda continuará revisando el proyecto, con el objetivo de despejar las dudas financieras y normativas antes de su votación final.